Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El magistrado Carlos Lima Carvajal, considerado como parte del paquete de impunidad del exgobernador Roberto Borge Angulo, está con un pie fuera del Poder Judicial, por violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Tras una serie de sesiones de más de nueve horas, el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) determinó enviar al Congreso local el expediente de Lima Carvajal, para resolver su destitución porque el magistrado no presentó su declaración inicial dentro de los 
60 días naturales a su entrada en funciones.    

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Tampoco lo hicieron las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goerner.
Ante esa situación, se creó una Comisión de Situación Patrimonial, la cual determinó aplicar a las dos últimas solamente una amonestación privada, mientras que el caso de Lima Carvajal su destino estará en manos del Congreso del Estado. 

“El magistrado presentó argumentos, los cuales no lograron justificar su omisión en la declaración patrimonial inicial”, resolvió la Comisión, avalada por el pleno.

El caso comenzó a ser atendido cerca de las 17 horas y se prolongó hasta casi las 22 horas, porque fueron necesarios varios recesos ante la falta de acuerdos entre los magistrados.

En su oportunidad, Lima Carvajal presentó ante la Comisión una serie de argumentos, entre ellos la falta de internet para poder cumplir su declaración desde la ciudad de Cancún, incluso, que el presidente del Tribunal no le había recordado sobre su obligación.

La denuncia contra los magistrados fue presentada el 29 de noviembre de 2016 por el ciudadano Alejandro Aguirre Buenfil, cuyo procedimiento concluyó ayer con dos amonestaciones privadas y la posible destitución de Carlos Lima, quien se negó a dar entrevistas sobre la decisión del Tribunal y solo atinó a decir que su postura se determinará ante los tribunales, mientras corría hacia su camioneta. 

En el caso de, Adriana Cárdenas Aguilar, logró acreditar que la falta de declaración patrimonial no fue con dolo y la Comisión consideró que al haber sido funcionaria del Tribunal, año con año presentaba sus declaraciones patrimoniales en el mes de mayo, además antes de iniciar el procedimiento, cumplió de manera extemporánea.

Mientras que Mariana Dávila Goerner justificó que en los últimos días de vencimiento del plazo se encontraba al final de su período de gestación, por lo que logró ser acreedora únicamente a una amonestación privada.