Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Alrededor de 700 inmobiliarias operan de forma irregular en Quintana Roo, poniendo en riesgo el patrimonio de las familias, por la venta sin control, incluso, fraudulenta, reveló la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus).

Carlos González Pacheco Vázquez, subsecretario de Vivienda de la dependencia estatal, explicó que mantiene una matrícula de sólo 300 empresas formales que cumplen con todas las normas de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, por lo que el resto opera en la informalidad.

“Nos han dado cifras de que los inmobiliarios llegan hasta tres mil, pero eso no es oficial, porque muchos corredores se hacen de un día para otro, se juntan en los cafés, de esos pudiere haber, pero agencias inmobiliarias son menos”, comentó.  

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La secretaría envía citatorios a los representantes de esas empresas para realizar una supervisión de sus estatus, aunque todo depende de la disposición de la propia inmobiliaria.

Alicia Cervantes Castillo, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), explicó que el “coyotaje” también se da en personas, no sólo en empresas, debido a que son oportunistas en cuestión de negocios.

“La labor de un asesor inmobiliario es hacer un trabajo que va más allá de ser un intermediario. Es por eso que estamos buscando que se aplique debidamente, debido a que tenemos a un regulador como la Sedetus”, finalizó.

De acuerdo con Carlos González Pacheco Vázquez, funcionario de Sedetus, para evitar vicios en el tema de inmobiliarias se hicieron cambios en las normas del estado, entre ellas la Ley de Acciones Urbanísticas, para evitar que las inmobiliarias construyan viviendas dúplex en un mismo lote.

“Al final de cuentas hacían casas muy pequeñas, por eso la nueva ley urbana que salió, que se publicó el año pasado; muchos decían que se había aprobado un lote más pequeño, pero al contrario, más bien, se blindó para que los desarrolladores ya no hicieran casas de cuatro metros”.

La nueva Ley establece que los desarrolladores deberán construir viviendas de por lo menos seis metros de frente.