19 de Octubre de 2018

Chetumal

Detenciones mínimas realizan los ministeriales

Deben investigar a funcionarios que han dañado más a Q. Roo, señala legislador.

El diputado independiente, Juan Carlos Pereyra Escudero, durante su participación en un foro en la Universidad Tecnológica. (Foto: Edgar Olavarría / SIPSE)
El diputado independiente, Juan Carlos Pereyra Escudero, durante su participación en un foro en la Universidad Tecnológica. (Foto: Edgar Olavarría / SIPSE)
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Edgar Olavarría / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A raíz de las detenciones de Mauricio Rodríguez Marrufo y Paulina García Achach, secretario y subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) respectivamente, durante la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, el diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos metropolitanos de la XV Legislatura, argumentó que debe darse la justa medida a todo y proceder contra los ex funcionarios con mayores responsabilidades.

Sobre la posible vinculación o no, del ex gobernador Roberto Borge respecto a la enajenación de la reserva territorial, dependerá de las características jurídicas y en caso de que se finquen responsabilidades deberá rendir cuentas a los quintanarroenses, por lo que se deberá estar atento al trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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“Existen elementos que pueden relacionarse con otros ex funcionarios que son de mucho mayor gravedad y que lastimaron más a Quintana Roo, tenemos desfalcos en el estado por más de 500 millones de pesos, en el tema del IPAE cerca de mil millones de pesos, sobre Capa cerca de mil 500 millones de pesos”, expresó el legislador.

De acuerdo al diputado, tanto los procedimientos administrativos como acciones penales deben avanzar en contra de aquellos ex servidores públicos vinculados al desempeño irregular de la función pública o en su caso, por los delitos de peculado o malversación de fondos, como fue el caso para el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

La detención de Rodríguez Marrufo, quien se desempeñaba como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez al momento de su aprehensión, obedeció principalmente por la autorización de descuentos del 20 y 93.53% al valor real (comercial) de terrenos sobre la franja costera de los municipios de Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco, un impacto al erario público de 39 millones 733 mil 176 pesos.

“Él no tenía la jurisdicción para generar ese tipo de descuentos, eso le correspondería al procurador fiscal que en ese momento trabajaba en la Sefiplan, también Seduvi no cuenta con caja propia y todo ese dinero y esos descuentos entraban a Sefiplan”, señaló.

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