Buscan $7 millones por venta de predio en Carrillo Puerto

Las autoridades municipales aseguran que no han encontrado en qué se utilizó dicho dinero.

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Las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto investigan en qué se usó el dinero por la venta del predio de la tienda del Issste, realizada en la administración pasada. (Redacción/SIPSE)
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Redacción/SIPSE
CHETUMAL , Q. Roo.- Las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto desconocen dónde quedaron siete millones 530 mil 547.05 pesos, que el Ayuntamiento obtuvo por la venta del terreno que ocupó la tienda del Issste.

En junio de 2017, el Cabildo autorizó a la entonces presidenta municipal, Paoly Perera Maldonado, la enajenación del terreno de dos mil 500 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida Santiago Pacheco Cruz.

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De acuerdo con los datos, el compromiso fue destinar la mitad del dinero, al pago del laudo ganado por 72 extrabajadores; y la otra parte a liquidar un crédito que se contrató al principio de la administración municipal en 2016.

José Esquivel Vargas, presidente municipal, dijo que tuvo conocimiento de la venta, así como del destino que tendrían los recursos económicos, sin embargo, en el tiempo que lleva al frente del Ayuntamiento no han encontrado información sobre el destino real.

“No existe ni un peso de esos recursos en las arcas públicas. Ese dinero supuestamente fue utilizado para el pago de indemnización de más de 17 millones de pesos, pero no sabemos dónde quedó, qué es lo que se hizo con ello realmente y si se aplicó conforme a lo planteado”, expuso.

Investigan irregularidades

Dijo que la administración municipal actual verificará toda la documentación contable para determinar en qué se gastó el dinero, además de otras irregularidades que se han encontrado.

Algunos de los temas sospechosos refieren a convenios correspondientes a la donación de predios y vehículos a diversas asociaciones civiles, los cuales están siendo revisados por la Contraloría Municipal.

La Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Pública y de los Ayuntamientos establece que una vez recibido el reporte de las irregularidades, la Contraloría Municipal cuenta con 15 días para llamar a comparecer a las personas señaladas como supuestos responsables.

En caso de que los exfuncionarios responsables realicen la aclaración se podrán presentar hasta denuncias penales.

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