Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- La permanencia o cambio del fiscal general del estado sería uno de los temas a atender durante el próximo período ordinario de sesiones del Congreso del Estado, ante los resultados que no han estado a la altura de las expectativas de diputados locales y ciudadanos.

Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso del Estado, consideró que además de la eficiencia requerida, al fiscal le ha faltado sensibilidad para atender diversos temas, relacionados con los homicidios, incluyendo tres de periodistas.

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“Me parece, y lo voy a decir con mucho respeto, que no solamente en la eficiencia en el trabajo de la fiscalía, no ha estado a la altura de lo que demanda Quintana Roo ni de lo que esperábamos los diputados, sino también me parece que ha faltado mucha sensibilidad por parte de las autoridades principales de la Fiscalía”, señaló.

El diputado local dijo que después de la última reunión con Miguel Ángel Pech Cen, los legisladores cuentan con información, además de la percepción de los ciudadanos, para realizar un análisis sobre el desempeño del funcionario, designado por el Congreso local en diciembre de 2016.

“Tenemos que entrar a un análisis de lo que están expresando los quintanarroenses, finalmente nos debemos a ellos porque votaron por los diputados, y a ellos hay que entregarles cuentas. Entonces el análisis irá en función de lo que estamos escuchando de la sociedad”, añadió.

Reconoció que un solo funcionario no hace la diferencia en cualquier área de gobierno, pero hay quienes deben facilitar y abonar a mejores climas; aunque a su juicio hay a quienes les cuesta trabajo entender la naturaleza del trabajo.

Los cuestionamientos al trabajo del fiscal, se dan en medio de una serie de inconformidades y reclamos del sector periodístico, debido la postura oficial asumida por la Fiscalía General del Estado ante la serie de homicidios, principalmente en el norte del estado, que incluyen a tres periodistas.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo del estado por las causas graves que establezca la ley; y la decisión podrá ser objetada por el Congreso del Estado.