Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- La vicefiscal General del Estado, Rosaura Villanueva Arzápalo, giró instrucciones al director de asuntos internos de la institución para que se inicie el procedimiento del ejercicio de la acción penal en contra de los 43 funcionarios de la ex Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de tortura y lesiones en agravio de Héctor Casique Fernández y Maximiliano Ezquiel Millán González, a cuatro años de que fueron detenidos y acusados por el homicidio de varias personas en el restaurante “La Sirenita”.

La lista de los funcionarios y exfuncionarios que fueron nombrados en la disculpa pública que le hicieron a los agraviados, la encabeza el exdirector general de la Policía Judicial del Estado (PJE) y exsecretario municipal de Seguridad Pública y Tránsito (Smspyt), Arturo Olivares Mendiola, en esta hay Policías Ministeriales y agentes del Ministerio Públicos del Fuero Común (MPFC) que actualmente laboran en la institución.

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En su momento, la mayoría de los 43 señalados de tortura contra Casique Fernández se ampararon, en dicha audiencia pública se preguntó a los funcionarios públicos sobre el estatus de estos recursos legales, pero el director jurídico de la Vicefiscalía general, Nahum Patiño Arbea, no quiso dar detalles sobre la situación actual de los expedientes, para supuestamente no poner sobre aviso a los señalados.

La mamá de Casique Hernández, fue la que respondió la pregunta y señaló que hace un año y nueve meses, la Sala Constitucional resolvió y ordenó el ejercicio de la acción penal en contra de los 43 funcionarios, del total solo diez no se ampararon, 17 perdieron el amparo, nueve les dieron el amparo, pero en la revisión lo perdieron.

La afectada dijo que tiene cuatro meses de que les negaron el amparo a los nueve funcionarios y hasta la fecha la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha hecho nada para se inicie el ejercicio de la acción penal en contra de los señalados.

Villanueva Arzápalo dijo que en esos momentos le estaba dando instrucciones al jurídico para que chequen el caso y se recapitule todo, también para que verifiquen el estatus. Reconoció que ha habido lentitud en el caso, porque los hechos se registraron desde el 2013, pero aseguró que se está trabajando y no quedará impune nadie de los que están señalados.