Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Los casos de maestros que incurren en acoso, de cualquier tipo, contra menores de edad deben ser investigados a fondo a fin de despejar todas las dudas sobre su responsabilidad o su inocencia, señaló Emilio Jiménez Ancona.

El diputado local presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología dijo que de acuerdo con los datos que tiene la comisión en el ciclo escolar anterior se registraron 11 casos de ceses de maestros por incurrir en ese tipo de prácticas.

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Dijo que es un tema que debe ser atendido con puntualidad por la Secretaría de Educación y Cultura, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación así como la Comisión de los Derechos Humanos.

“En algunos casos han salido negativos y por es necesario que se termine la investigación, aquí vienen tanto maestros como padres de familia sobre estos temas y se han atendido y canalizado los casos”, mencionó el legislador.

No es un tema nuevo 

El acoso sexual a estudiantes por parte de maestros no es un tema nuevo, ya que el más reciente se dio en la comunidad de Laguna Guerrero en agravio de algunas niñas, según las denuncias vertidas por los padres.

La Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo emitió una medida cautelar al respecto para el docente sea separado del cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Adicionalmente, el organismo atiene cuatro casos más, registrados ante la Visitaduría de la Zona Norte, dos suscitados en el nivel preescolar y dos más en planteles de educación secundaria, en dos de ellos cometidos por maestros.

El artículo 130-BIS del Código Penal de Quintana Roo establece que comete delito quien asedie o acose sexualmente a persona de cualquier sexo o solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero.

Las penas son de seis meses a un año de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa, y en caso de que sea en agravio de un menor la pena de prisión se aumentará hasta en una tercera parte, además de que se perseguirá de oficio.

“Si el sujeto activo fuese servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, el delito será perseguible de oficio, y además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo”, menciona el Código.