Claudia Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Entre los primeros 36 designados que ya trabajan en la transición de un gobierno transparente, como lo prometió Carlos Joaquín González, gobernador electo de Quintana Roo, está el caso de Eduardo Ortiz Jasso, quien además de estar inhabilitado por ser un mal funcionario, es conocido por manipular la administración pública en su beneficio, como lo dio a conocer Novedades Quintana Roo en su momento.

Joaquín González puso en el equipo de transición a Ortiz Jasso como coordinador del Eje Ambiental y Urbano y Enlace de Desarrollo Urbano, aunque durante ocho años al frente del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del municipio Benito Juárez (Implan), presentó proyectos, estos nunca dieron resultados, además de que condicionaba a desarrolladores a usar los servicios de asesoría Grupo Río Arquitectura, para que les aprobara sus proyectos, compañía que cobraba más que el resto.

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La infraestructura vial, puentes peatonales, pasos a desnivel, reactivación del centro de la ciudad y evitar la proliferación de asentamientos irregulares, quedaron en papel durante el período de Ortiz Jasso, quien ahora apunta a estar vinculado en la misma área, pero del nuevo gobierno estatal, que por primera vez no será priísta.

Durante la administración de Magaly Achach de Ayuso (1999-2002) se creó el Implan, organismo que no sería interrumpido por los cambios de autoridades en el gobierno municipal, lo que le daba cierta autonomía, y cuyo director debía ser elegido en una terna propuesta por el Consejo Ciudadano Deliberativo, y con libertad para trabajar.

El instituto fue “congelado” en el período de Juan Ignacio García Zalvidea porque lo consideró un ente político. En el trienio de Francisco Alor Quezada se reactivó, pero no se respetaron los lineamientos para la elección del titular.

El 20 de abril de 2005, Alor Quezada, sin presentar una terna, nombró a Ortiz Jasso como primer director del Implan, por un período de cuatro años y medio.

La renuncia

En febrero de 2009, el entonces alcalde de Benito Juárez, Gregorio Martínez Sánchez, informó sobre la renuncia de Ortiz Jasso al frente del Implan, antes de dar una respuesta a los resultados que arrojara la auditoría que una empresa externa realizó.

La fiscalización fue ordenada por las constantes denuncias de corrupción en contra de Ortiz Jasso, por beneficiar económicamente a sus allegados y familiares al pretender manipular las leyes para tener poder.

“Yo no meto las manos al fuego por ninguno, y a quien se le sorprenda cometiendo una irregularidad o acto de corrupción, es un compromiso social que hice de separarlo de la administración”, dijo en su momento Martínez Sánchez.

Juez y parte 

Un cambio en el Reglamento de Construcción en Benito Juárez durante la administración de Juan Ignacio García Zalvidea (2002-2005), fue una cláusula que condicionaba la construcción de un inmueble de gran magnitud, a la presentación de un estudio de impacto urbano.

Sin embargo, esta modificación a la ley, Ortiz Jasso la utilizó a su favor al crear una empresa para acreditarse la elaboración de esos estudios y cobrar por sus servicios.

A finales de 2006, Raúl Abelar Arroyo dio de alta al Grupo Río Arquitectura de Paisaje, como instancia especializada en la elaboración de estudios técnicos de construcción.

Al momento de la creación, la sociedad mercantil fue constituida por 100 acciones por 500 mil pesos cada una, es decir, una empresa con un valor de 50 millones de pesos.

Duplicaba el precio

Ex funcionarios municipales aseveraron que en 2007, el Implan rechazó varios estudios técnicos y exigió a los promoventes que acudieran a Río Arquitectura de Paisaje, empresa que en ocasiones duplicaba el precio de los estudios. Además, esa compañía estaba especializada en obras públicas federales, estatales y municipales, así como para los organismos descentralizados, tales como puentes, presas, pavimentación, carreteras y edificios públicos, proyectos que desde el Implan, Ortiz Jasso desarrollaba.

El funcionario no cumplió responsabilidades que por ley debía realizar, no se condujo con la máxima diligencia en el cargo y ocultó información que conservaba bajo su cuidado, como fue el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Cancún 2013-2030, mismo que no entregó al renunciar. Por estas razones, fue inhabilitado por cinco años para desempeñarse en el servicio público, informó el Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante un boletín. El ex secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, Humberto Aguilera Ruiz, corrió con la misma suerte. 

Ambos, durante la administración 2011-2013, realizaron estudios de factibilidad y expidieron constancias de uso de suelo sin que pasaran por el Cabildo de Benito Juárez como corresponde, señaló en su momento el regidor Antonio Cervera León. Uno de los proyectos que recibió un incremento ilegal en la densidad, de acuerdo con el regidor, es el fraccionamiento Real Mallorca (hoy Real Valencia) de Promotora Viviendas Integrales S.A. de C.V.

Donación

La promotora donó 100 mil 176.04 pesos al Implan, a cambio de una opinión técnica de “diagnóstico urbanístico” para el proyecto Real Mallorca, en la Supermanzana 260, manzana 1, lote 227-20, el 5 de septiembre del 2012, documento en el cual le autorizaban la factibilidad del predio para desarrollar su proyecto, según sus necesidades.

En el oficio 0764/012, el Implan autorizó que la densidad de 65 viviendas por hectárea, pasara a 90 viviendas, es decir, de mil 724 viviendas, a dos mil 372.

Después, mediante el oficio SMEYDU/3359/2013, la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano dio la aprobación definitiva de la licencia de fraccionamiento 01/2013, para que en una superficie de 265 mil 272.24 metros cuadrados, se construyeran dos mil 388 viviendas.

Con el cambio de gobierno, Eduardo Ortiz Jasso regresa al escenario político de la mano de Carlos Joaquín González, para hacer la transición en materia de Ambiente y Desarrollo Urbano, aun cuando sólo han pasado dos años de los cinco que le dieron como inhabilitado, debido a los turbios manejos en su época al frente del Implan.