Mientras el gobierno federal continúa con la expropiación de tierras en la zona centro y sur de Quintana Roo, en Felipe Carrillo Puerto siguen sin resolver algunos asuntos con posesionarios y ejidatarios, quienes continúan su lucha para que se les respeten sus derechos.

Se trata de un total de 315 ejidatarios y cerca de 50 familias del ejido de X-Maben y X-Hazil Sur, los primeros continuarán su litigio a través de los tribunales para llegar a una negociación en el pago, mientras que los posesionarios, ni siquiera los han volteado a ver y no saben qué pasará con ellos. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), Andrés Manuel López Obrador firmó el convenio para la expropiación de cerca de 230 hectáreas de tierra en cuatro municipios del sur, como Tulum, Othón P. Blanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, para continuar con la construcción del Tren Maya. 

Cándido May Canché, representante del frente de “Protección de Tierras Ejidales” de X-Maben, sostuvo que el Tribunal Agrario les notificó que las tierras no les pertenecen y que en caso de que las quieran tienen que comprárselas a la nación; sin embargo, rechazaron esta resolución y aseguró que llegarán hasta las últimas.  

“El gobierno ha puesto su postura, la cual nos afecta, pero no cederemos fácilmente y se presentará una serie de amparos, con la finalidad de buscar que se respete lo que por derecho nos compete, no estamos en contra del proyecto, pero sí queremos que se nos pague”, aseguró.

Ejidatarios seguirán insistiendo con las autoridades 

Armando López López, jefe de familia afectado por el cruce del Tren Maya en X-Hazil Sur, añadió que seguirán buscando que las autoridades los volteen a ver. Además, tampoco están de acuerdo que les retiren sus terrenos, sin antes darles una solución: indemnización o reubicación. 

Según el DOF se ha notificado personalmente a los titulares de los bienes y derechos, en el domicilio que de ellos conste en el expediente correspondiente, a los interesados se les da un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación o de la segunda publicación en el Diario Oficial, para manifestar ante la unidad de Asuntos Jurídicos lo que a su derecho e interés convenga y presenten las pruebas que estimen pertinentes.