El Congreso y sus cuentas

En todo el país, tan sólo el 17 por ciento de los ciudadanos se siente representado por su Congreso local; si es su caso, estimado lector, seguramente se encuentra entonces...

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En todo el país, tan sólo el 17 por ciento de los ciudadanos se siente representado por su Congreso local; si es su caso, estimado lector, seguramente se encuentra entonces entre el 80 por ciento de las personas que no cree en los partidos políticos de México, pero si además se ubica entre el 50 por ciento de los ciudadanos que no votan en cada elección, entonces ¿a quiénes les rinden cuentas los representantes populares?

Con lo anterior como contexto, pareciera entonces que la política se hace “por los de siempre y para los de siempre”, pero los espacios de credibilidad ciudadana no se amplían y esto es fundamental decirlo, es una tarea que corresponde a quienes detentan la posibilidad de elegir a sus autoridades; es decir, a los ciudadanos, esto, porque ciertamente han surgido instancias que cuestionan a las instituciones, pero cuyos objetivos no necesariamente son para beneficio colectivo, sino por el contrario, bastante políticos se ven.

En Quintana Roo, recientemente surgió una polémica por una ciudadana que denunció a una funcionaria del Congreso local porque asegura que su nombre apareció en una lista de beneficiados con apoyos del Legislativo, recurso que asegura nunca recibió; la respuesta dada desde la Cámara local la dio el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, quien “mató” el tema al aseverar que si la información se encontró es porque ahora puede accederse a ella, no como en anteriores legislaturas, cuya opacidad era característica. Y no mintió, aunque el asunto aún está por resolverse en tribunales.

Ahora bien, el tema de la representatividad y la desconfianza en los partidos es importante destacarlo porque, independientemente de que la denuncia a la funcionaria del Congreso local la interpuso apoyada en la organización Somos Tus Ojos, de la periodista Fabiola Cortés, cuyo actuar profesional ha quedado probado, quien también hace pública la información es el llamado Observatorio Legislativo, encabezado por Eduardo Galaviz Ibarra, ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) y quien ha ocupado diversos cargos públicos. Su pasado no lo desacredita, pero sí da luz sobre lo politizado del tema, pues además él mismo ha reconocido en anteriores ocasiones la transparencia alcanzada en el Legislativo.

Luego entonces, el escribiente propone calificar el desempeño de los legisladores a partir de sus resultados; en donde ciertamente hay ya rezagos marcados: los inacabados juicios políticos, las también inacabadas comparecencias por el primer informe, el estancamiento deliberado de la Ley para la Protección de Personas Protectoras de Derechos Humanos y Periodistas; la falta de una Ley de Movilidad que sigue generando enfrentamiento entre taxistas y choferes de Uber; en fin, que desde el mismo gabinete del gobernador, Carlos Joaquín González, se han señalado a estos como temas que ya debieran haberse resuelto.

Pero puesto en su justa dimensión, no es esta una Legislatura como las anteriores; ahora se puede discutir sobre los pendientes porque están ahí en la agenda, faltará que los representantes den visos de escuchar también a los ciudadanos; porque no basta con decir las cosas cuando no hay nadie que las atienda.

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