Conforme a lo que marca la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, se encuentran en proceso de elección y en otros casos en preparación, las elecciones de alcaldes y delegados de las distintas poblaciones de los municipios quintanarroenses, proceso comicial que aún con la importancia que tiene, no se encuentra debidamente regulado en la legislación electoral local.

Si bien es cierto, las demarcaciones en disputa dependen administrativa y políticamente de sus cabeceras municipales, tanto los procedimientos de elección como la participación ciudadana, aunado a la influencia política que por consecuencia natural impregna a dichos procesos, son de importante cuidado y deben prender la alerta tanto del Gobierno del Estado de Quintana Roo, como del Congreso Local.

El pasado fin de semana, se llevó a cabo la elección correspondiente a las alcaldías y delegaciones de Felipe Carrillo Puerto; trascendió que derivado de ello, se registraron múltiples anomalías en delegaciones como Chunhuhub, Señor y Noh-Bec, como la presencia de colores partidistas en las boletas y hasta el sobrenombre del munícipe carrilloportense en las mismas, lo que derivó, entre otras causas, en la cancelación de la elección en la comunidad de Tihosuco.

Las causas y consecuencias de dichas acciones, no son cosa menor. Imagine usted, una situación de ese tipo en alcaldías como Alfredo V. Bonfil, Holbox o Majahual.

La importancia poblacional, económica y geográfica de Alfredo V. Bonfil para Cancún (Benito Juárez) no le permite darse ese lujo; intereses ligados al desarrollo inmobiliario e incluso posibles intereses del crimen organizado, pueden viciar un proceso de elección que pareciera tan simple, pero que ante la falta de reglas claras, dejadas al arbitrio de cada autoridad municipal en sus respectivas convocatorias, obliga a definir un marco legal específico, que a la fecha cuenta con una orientación derivada de sentencias y asuntos resueltos por los órganos jurisdiccionales en materia electoral.

La capacidad turística de Holbox y Mahahual y la derrama que generan sus visitantes, no pueden depender de las consecuencias de una elección en estas características, puesto que el involucramiento de la población en estos procesos, es de mayor relevancia, al ser una decisión entre vecinos para acciones de comunidad pero que impactan en los servicios que se ofertan al turismo.

No es posible dejar que alcaldías como las señaladas o cualquier otra, entren en una crisis de gobernabilidad y que la falta de reglas los convierta en un problema más a los múltiples existentes en Quintana Roo.

Si no se toman cartas en el asunto, no sólo sacrificaremos la libertad del voto ciudadano, o la equidad en los procesos de elección de esas demarcaciones, sino que daremos un paso atrás en la democracia que venimos construyendo, para dejar a los gobiernos municipales definir la agenda de crecimiento de sus localidades, dependiendo de sus intereses políticos.

Es tarea del Legislativo quintanarroense, dotar de herramientas y “dientes” a los órganos electorales locales, cuya presencia clamó la ciudadanía y para homogeneizar este tipo de procedimientos de elección que generen la certeza debida en la ciudadanía, sobre todo si ya estamos comprobando a nivel nacional, que las consultas ciudadanas sin reglas claras y a modo, traen consecuencias catastróficas.