Adrián Barreto/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Aunque el gobierno de Solidaridad prevé promover un procedimiento jurídico ante algún juzgado en contra de Aguakan, será por una mala prestación del servicio de la empresa y no por la concesión que avaló el ex presidente municipal, Mauricio Góngora Escalante, que violó reglamentos de diversa índole, incluso municipales.

 “Todas estas pruebas que no están proporcionado los ciudadanos, las condiciones de quejas del servicio concesionado, vamos a presentarlas al seno de la CAPA para hacer un proceso administrativo. A partir de ahí se hacen recomendaciones y si son necesarias para llevarlas ante la autoridad jurisdiccional, que es lo que nosotros pensamos, presentar los juicios correspondientes”, dijo Cristina Torres Gómez, presidenta municipal.

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Esa indebida presunción del servicio salió de las mesas receptoras de quejas que dispuso el gobierno y cuyo ciclo concluyó el fin de semana pasado.

Según Torres Gómez se busca argumentar que Aguakan no tiene capacidad para dar el servicio que se le concesionó, además de los cobros estratosféricos, pero la revisión del proceso por el que se concesionó el servicio en 2014 “le toca la revisión al seno de la CAPA, hay presuntas irregularidades pero son distintas, es una concesión que ya tuvo efectos jurídicos es distinta la naturaleza y buscamos el indebido cumplimiento del contrato de concesión”, dijo.

Pese a ello, el activista Enrique Burtón dijo que en la organización nacional Agua Para Todos han revertido otras concesiones o detenido intentos en otras partes del país, y el caso de Solidaridad, donde se violaron leyes para entregar la concesión, debería ser uno de esos casos.

“Si ellos dicen que no se puede cancelar la concesión deben asesorarse mejor porque sí hay bases. Hemos hecho señalamientos en cómo se puede revertir la concesión pero percibimos una especie de evasión de parte del municipio; tan solo el Bando del Gobierno indica que el agua potable no se puede concesionar, así como otros de la propia CAPA”, dijo.

A la letra dice el artículo 79 “No podrán ser motivo de concesión a particulares los Servicios Públicos siguientes: I. Agua potable, drenaje y alcantarillado (…)”.

De acuerdo a Cristina Torres este mismo mes se podrían presentar ante algún juez el acto jurídico para buscar que Aguakan deje de dar el servicio por falta de cumplimiento.