Javier Ortiz/SIPSE
BACALAR, Q. Roo.- La Procuraduría de Justicia del Estado levantó el aseguramiento del predio que ocupa el Club las Velas de Bacalar, donde ya se observan trabajadores de la empresa Desarrollos Manzo, S.A. de C.V., que encabeza Mateo Reyes Alpuche, mismo que a finales de septiembre del año pasado intentó tomar posesión del predio, del cual cuenta con escrituras del año 2011.

En ese entonces, los ejidatarios de Bacalar, que aseguran ser propietarios de esa porción de terreno, se lo impidieron y levantaron una denuncia por despojo y daños en propiedad ajena cuya resolución obra en el expediente C1/BAC/02/09/0014. Incluso implementaron guardias permanentes las 24 horas del día, para evitar que los trabajadores intenten ingresar nuevamente.

Aseguraron el predio

En tanto se llevaban a cabo las diligencias, la instancia de justicia optó por asegurar el predio en mención, la cual levantó este pasado miércoles 4 de febrero debido a que no encontró sustento para dicha denuncia.

Por tal motivo, ese mismo día la PGJE notificó a las partes involucradas, en este caso, ejidatarios de Bacalar y al último mencionado, sobre la resolución emitida.

De tal modo, representantes de la empresa Desarrollos Manzo, S.A. de C.V., comenzaron a limpiar el abandonado complejo hotelero, que se ubica en los límites con el municipio de Othón P. Blanco, para lo cual trasladaron maquinaria pesada.

Sin embargo, el presidente del comisariado ejidal, Felipe Castro Gómez, asegura que se trata de una resolución a favor de los ejidatarios, con base en una demanda que desde el año 2012, entabló el representante del Grupo Manatí, que encabeza el empresario Tomás Auñón.

Buscan recuperar su propiedad

No obstante, descartó que por lo pronto, vayan a adoptar algunas medidas para evitar que personas ingresen al predio en disputa, como lo hicieron a finales del mes de septiembre pasado, para impedir el ingreso de cualquier persona que consideren ajena al ejido.

Refirió que buscarán recuperar lo que consideran su propiedad; sin embargo, será por la vía agraria, ya que demeritó la intervención de la PGJE, pues no se trata de un pleito legal, sino de carácter agrario y para ello recurrirán a las instancias respectivas.

De acuerdo a los representantes de Monterrey, se pretende invertir cerca de 15 millones de dólares en un lapso aproximado de dos años que les llevará “levantar” el complejo, para comenzar a operarlo, el cual generaría cientos de fuentes empleo y atraería turismo de otras latitudes. La porción de terreno en disputa, consta de aproximadamente 80 hectáreas.