Los próximos días 20 y 21 se desarrollará el foro “Retos de la Justicia en Quintana Roo” en el Cabildo de Solidaridad. Organizado por Barras, Colegios y Consejos de profesionistas en Derecho (apoyados por el Poder Judicial), es el primer encuentro de tal naturaleza. Nunca los abogados habían sumado esfuerzos efectivos para abordar los temas candentes en boga: corrupción, derechos humanos, juicios orales y reforma laboral.

Que se realice en Solidaridad tampoco pareciera casualidad: es el municipio donde han destapado escandalosos actos de corrupción, influyentismo e impunidad, lo cual le da un sabor especial a dicha dinámica. Para quienes ven una connotación política, podrían estar en lo correcto. Ello favorece a una presidenta municipal, Cristina Torres, que destaca por emprender una cruzada a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Pero más allá de ese contexto político, la iniciativa de abogados, jueces y magistrados vale la pena; empezando por la unión del gremio, las temáticas para debatir y la apertura antes inexistente. El gobernador Carlos Joaquín González ha insistido en la unión de los sectores, y aquí encuentra eco.

Los tópicos tienen un trasfondo interesante. Evidentemente sobran ejemplos recientes y fueron escogidos por su interés actual, coincidieron este lunes los organizadores durante la presentación a medios de comunicación, en Cancún.

Ellas y ellos son: José Juan Chilón Colorado, presidente del Consejo de Licenciados en Derecho; Angélica Amaro, presidenta del Colegio “Manuel Crescencio Rejón”; Leopoldo Cruz, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya; Luis Gabino Medina, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Dulce María Sánchez, presidenta del Colegio de Abogados Postulantes de Cancún, A.C., y Luis Armando Ezequiel Orozco, de la Barra de Abogados de Quintana Roo.

Y es que la anticorrupción como bandera de lucha responde a una exigencia de la sociedad y de los gobiernos en funciones, principalmente el del estado. Sus raíces obedecen a una labor ahora inevitable, dado el hartazgo social por los casos conocidos. Además, hace pocas semanas se nombró a una fiscal anticorrupción en la entidad, Rosaura Villanueva, lo cual da inicio a un proceso que incorpora a los ciudadanos como protagonistas históricos.

En torno a los derechos humanos, las conjeturas son obvias. Se ha acusado a las anteriores administraciones de abusos y excesos en perjuicio de subordinados, contrincantes y habitantes, quienes vieron transgredidas sus garantías. El multicitado cambio de hacer política pretende garantizar su consolidación con eventos así.

Acerca de lo juicios orales, es pertinente la evaluación profunda. Después de un tiempo razonable en operación, y con la sospecha de que fueron maquillados los avances, es obligatorio escudriñar qué falta y hacia dónde se va. El nuevo sistema debe ser apuntalado por los que saben.

Finalmente, la reforma laboral se ha centrado en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, aunque el espíritu es más bondadoso. La novedad es la creación de tribunales laborales, que dependerán del Poder Judicial (de la Federación y de la entidad), por lo que se viene una etapa crucial para los estudiosos del Derecho.

El encuentro será viernes y sábado. Atentos a las conclusiones.

 Desorbitado

Hablar de seguridad es hablar también de justicia. El lunes 16, al entregar un parque vehicular de 162 unidades para los 11 municipios, el gobernador pidió no más golpes bajos contra las casi 2 millones de personas que viven del turismo en la entidad. “Es importante generar más seguridad y certeza, pero también mejor percepción”, enfatizó ante las autoridades. El llamado de los hoteleros para apoyar al gobierno da cuenta de eso.

Esas palabras cobran sentido especial en el marco del Cancún Travel Mart y otras actividades que reflejan a otro sector, el turístico, más unido que antes.