En el marco del último informe del ombudsman Harley Sosa Guillén, desarrollado ayer en Chetumal, y al calor de la competencia por la sucesión en la Comisión estatal de Derechos Humanos, cabe una reflexión en torno a los pendientes más urgentes.

Algunos desafíos, múltiples y diversos, son impostergables debido al cambio de titular el próximo 26 de enero. En las exposiciones de los aspirantes al relevo se insiste en asuntos legales, administrativos, técnicos y prácticos.

El mayor de todos es, probablemente, procurar un presidente más cercano a los ciudadanos, que camine para difundir, capacitar, y sobre todo, escuchar las inquietudes, particularmente de quienes integran las asociaciones civiles.

Durante los últimos años se criticó la comodidad de los que ostentaron el cargo. Pasaron dos o tres que se enclaustraron en las oficinas a esperar el monitoreo de las noticias para saber cuándo actuar por oficio; eso sí, tras la venia de más arriba y no con la autonomía que requiere un organismo con tales facultades.

El más activo fue Sosa Guillén, aun cuando se le echa en cara que estuvo sometido a las condicionantes impuestas por un régimen que precisamente ha sido condenado por violaciones a los derechos.

Por eso debe realizarse una evaluación meticulosa de la institución, tanto en recursos humanos como en aspectos materiales, para que previo análisis se dignifiquen las instalaciones, priorizando las condiciones de trabajo de todo su personal.

Además, urge incentivar una mejor coordinación con las instituciones que han sido señaladas de transgredir los derechos humanos, como la Fiscalía General; las corporaciones policiales, así como las Secretarías de Educación Pública y de Salud.

Hablamos de una Comisión que atendió –según el propio Sosa– 6 mil 334 quejas y que emitió 90 recomendaciones, incluyendo nueve por tortura. Las observaciones fueron dirigidas a la Fiscalía (34%), a la Secretaría de Educación (8.5%) y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (con el mismo 8.5%). Por lo anterior se ofrecieron 29 disculpas públicas y fueron sancionados 24 servidores públicos, a quienes incluso se destituyó.

Por otro lado, en materia de prevención se realizaron 8 mil 859 actividades de capacitación, lo cual equivale a seis actividades diarias en promedio, en todo el estado, beneficiando a más de 280 mil personas.

Esos son los números de quien se va; no obstante, están sujetos a la verificación del que llega, pues cada quien deberá comprobar las dudas al respecto, que no son pocas ni fáciles de interpretar en un estado que durante los últimos años tuvo una realidad compleja.

Entre las disertaciones más completas que refieren estas temáticas se considera la del abogado Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Rivera Maya, uno de los finalistas.