Reflotó el tema Uber tras el anuncio de que la plataforma suspende operaciones en Cancún mientras no haya acuerdo en torno a la Ley de Movilidad. Sus directivos aseguran que pretenden un sano acuerdo con las autoridades y en beneficio de los usuarios. Como era de esperarse, los taxistas celebraron la medida y convenientemente se adjudicaron “el logro”.

El conflicto es de intereses: sus defensores argumentan que un polo turístico de clase mundial debe tener un servicio que, si bien ha provocado discrepancias en otras “ciudades globales”, es indispensable en la oferta para desplazarse.

Además aseguran que tanto los choferes como las unidades del transporte público tradicional dejan mucho qué desear. Es que la polémica se desarrolla entre malos tratos a clientes (circula un video reciente al respecto) y el cobro discrecional (ya no aplican el disparatado tarifario), así como vehículos destartalados o casos sonados de presuntos delincuentes, supuestos miembros del Sindicato.

En ese contexto los cancunenses, y quintanarroenses en general, tienen razón al reclamar la regulación (para ampliar dicha oferta y estar a tono con ciudades globales, como se dijo), y también, de paso, poder orden en los gremios de chafiretes donde impera el desorden esbozado antes.

Y los segundos -taxistas y familias en su mayoría- cuidan sus intereses como es lógico: son más de 12 mil familias que dependen directamente del ruleteo, y contando. Aunado a ello, espetan algo comprobable para quienes hayan recurrido a la transnacional: hace unos meses la mala atención y las tarifas abusivas eran impensadas al hablar de Uber. Hoy no.

Gozaba de una defensa cerrada por parte de usuarios, quienes subrayaban las bondades del sistema pero las críticas eran casi inexistentes. Hace unas semanas esa realidad cambió bruscamente: entre la tarifa dinámica (aplicada a destajo) y la baja en la calidad (más de conductores que de vehículos) deterioraron una relación que pintaba entrañable entre las partes. Tal vez pudiera deberse al clima hostil.

De igual manera, en el resto del país se supo de hechos delincuenciales protagonizados por exchoferes, o aún en activo, lo cual fue generando desconfianza contra los de la aplicación. Aun así, en proporción a los achacados a los del Sindicato, es bajísima. Incomparable. Y en todo caso, no vale como prueba para descalificar a priori.

En ese estire y afloje se asoman los intereses económicos, empresariales y políticos. Las posturas de los sectores no deja duda acerca de que favorecer a uno de las organizaciones más poderosas por su número de integrantes, en pleno proceso electoral, conviene más que nunca. La pregunta es: ¿Y a Uber qué le toca?

Deberán pensar estratégicamente para responder a todos esos intereses contrapuestos; porque hay taxistas que en verdad se la rifan con jornadas extenuantes, aunque los cancunenses tienen derecho a elegir el medio que mejor convenga en una ciudad que necesita un sistema de esa naturaleza por su dinámica internacional.