Quintana Roo salió del sótano en un tema vital para el desarrollo del sistema democrático, tan maltratado la última década: la transparencia. Y es que la opacidad, como rasgo distintivo de gobiernos anteriores, se asoció naturalmente a la corrupción y al influyentismo, los otros dos vicios que dañaron el funcionamiento del aparato.

Confirma tal avance el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un organismo independiente y sin fines de lucro; aclaración indispensable, por cierto, para evitar la sospecha politizada proveniente de ciertos sectores que recurren a la negación de lo sufrido. En un ambiente electoral, las arremetidas son gratuitas.

El caso es que se torna necesario analizar la buena noticia (una temática además abordada constantemente en este espacio), ya que el salto es cuantitativo y cualitativo, lo cual redunda en mejores prácticas, que comienzan a nutrir otros pilares en la etapa de “reconstrucción administrativa”.

Los del IMCO sostienen que respecto al Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) logró avanzar 16 posiciones, al pasar de la 32 a la 16, lo cual refleja un porcentaje de cumplimiento del 85.3%, frente al 48% observado en 2016, cuando la media nacional es de 83%. Es uno de los tres que muestran mayores avances.

El llamado IIPE mide de forma anual la calidad de la información presupuestal de todas las entidades federativas; verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad gubernamental; fomenta una serie de buenas prácticas contables, y tiene como propósito fundamental eliminar condiciones de opacidad en el manejo de los recursos públicos.

Pero dichas cifras resaltan más por los antecedentes que por el contexto. Es decir: los resultados agradan porque fue difícil iniciar con un evidente caos administrativo y una crisis económica de las proporciones conocidas. El saqueo, los desvíos y el remate achicaron el margen de maniobra en perjuicio de las autoridades en ejercicio, cuyos efectos los resienten finalmente los habitantes.

La noticia agrada porque para consolidar estos pasos se necesita de más capital fresco, y con certezas como estas, llegará más temprano que tarde. No es casualidad que el gobernador Carlos Joaquín esté de gira por el principal mercado turístico precisamente para convencer, con estos datos, a los inversionistas.

El estudio citado surgió hace una década, con enormes carencias, ya que no existía información, o la disponible era dispersa, heterogénea e incompleta. Se debieron adoptar cambios profundos para poder escudriñar las situaciones reales de los estados, con logros tan fiables como los actuales.

Se progresa así en un aspecto clave para la confianza ciudadana, pero sobre todo para la consolidación, en una coyuntura donde se requiere cerrar filas en torno a quienes han encarado el colapso. Empresarios, académicos y ciudadanos están hallando respuesta a los asuntos más cuestionados, pues vale recordar que en la víspera el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe fue mezquino en la calificación al régimen.

Los números no mienten.