Hace unos días el Presidente Enrique Peña Nieto confirmó que este año deberá concluirse el proyecto de transporte y almacenamiento de hidrocarburos que conectará, dijo, “a Progreso y Mérida, Yucatán, con Cancún, Quintana Roo”, cuya inversión aproximada es de 3 mil 700 millones de pesos.

El anuncio fue en el marco del 79 aniversario de la expropiación petrolera y es parte del Plan de Negocios 2017-2021 de Pemex, el cual, junto con otras 13 obras que no están sujetas a recortes presupuestales, sino fincadas en su propia rentabilidad y retorno de inversión, podrían ser operadas por terceros.

Conviene precisar y destacar algunos elementos: la terminal estará en Puerto Morelos, a seis kilómetros al oriente de Leona Vicario, en 36 hectáreas que Petróleos Mexicanos adquirió hace algunos años en una zona ubicada entre la autopista y la carretera libre, lo cual interesa directamente al municipio más joven.

Significa un aliciente para su desarrollo, ya que podrá convertirse en un impulsor de la reindustrialización regional, pues ampliará el mercado de combustibles, reducirá costos de transportación y redundará en precios más competitivos para los concesionarios del transporte urbano, sostienen expertos.

En términos políticos es una gran oportunidad para las autoridades del Puerto, encabezadas por la presidenta municipal, Laura Fernández Piña, en torno al desarrollo y la diversificación económica, en un territorio que concita el interés de los inversionistas de diversos ámbitos.

Hace años se desechó un proyecto de gasoducto que operaría Gas Natural Industrial, el cual consistía en un sistema para transportar esta fuente de energía fósil liberada por su combustión, con el objetivo de dar suministro a la zona comercial y de servicios, tanto en el centro como en las zonas habitacionales del noroeste de la ciudad.

La Semarnat otorgó las anuencias federales para la instalación de 3.6 kilómetros de tubería en acero al carbón, así como 30.5 kilómetros de tubería en polietileno de alta densidad.  Pero el plan provocó el rechazo no sólo de la sociedad, sino de los propios servidores públicos de Cancún, quienes finalmente negaron los permisos.

Quintana Roo es una entidad que debe ser apoyada por el gobierno federal, no sólo porque es la industria turística líder en México, sino porque sigue creciendo en términos económicos y poblacionales, por lo que requiere ampliar su infraestructura dotándola de plataformas que además generen empleos permanentes.

El pueblo chiclero de hace 150 años está dando un enorme salto más allá del ramo turístico.

                                                          Desorbitado

De por sí era tema “candente” el del Malecón Tajamar, y ahora, con la versión de que participaron supuestos pirómanos en la propagación del incendio del pasado fin de semana, la polémica en torno al predio recobra una vigencia que no debió decaer por su antecedente y trascendencia.

El hecho no es menor, pues se trata de casi cuatro hectáreas siniestradas, con flora y fauna afectadas, lo que implica un lamentable retroceso en la lucha por el rescate de ese valioso pulmón en litigio, cuya “pronta solución” está en entredicho.

Un elemento de análisis exacerba la discusión: según la Profepa el fuego es de carácter “imprudencial”, causado por negligencia y vegetación acumulada, aunque los ambientalistas defensores del sitio cuestionan la declaración. Por lo mismo, la delegada de la representación federal -así como algunos empresarios- también es “blanco” de la denuncia interpuesta en la PGR.

Le echaron más leña al fuego y este problema, que suma otros tantos acelerantes, no tiene para cuándo acabar.