Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- A más tardar en un mes, se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el recurso de revisión constitucional presentada en su momento por los partidos Acción Nacional (PAN), de Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Pública, la Ley de Hacienda y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que permite la llamada renta de policías al sector privado.

Dichas reformas fueron aprobadas en diciembre de 2011, por la entonces XIII Legislatura.

De acuerdo con las reformas en Quintana Roo, a través de la Secretaría de Gobierno se puede brindar la renta de policías para el servicio de vigilancia a particulares o empresas privadas, como bancos o para transporte y traslado de valores, con un costo de 20 mil pesos mensuales por elemento.

En este sentido, el concejero jurídico del Poder Ejecutivo, Raúl Labastida Mendoza, confirmó el expediente correspondiente al número 02/2012 ya se está enlistado bajo la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero, por lo que en breve se atenderá y se dará a conocer la resolución respectiva.

Labastida Mendoza insistió en que las reformas no violentan algún artículo de la constitución política del estado como argumentan el PAN, PRD y PT. 

El recurso de revisión constitucional presentada argumenta una invasión de esfera de competencias en el decreto 39 que reforman la Ley de Hacienda y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ya que de acuerdo con ellas, la unidad de servicios especiales de vigilancia está bajo el mando de la Secretaría de Gobierno, cuando  el control y vigilancia le corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública por mandato constitucional.

Hay que recordar, que a pesar de que en teoría está permitida la renta de los policías, en la práctica todavía no se aplica ya que aún no está conformado el grupo especial que señala la ley, por falta de presupuesto.