Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El 80% de las denuncias formales que han sido recibidas en las oficinas del Ministerio Público de la Riviera Maya, son referentes a robos perpetrados a nivel domiciliario, seguidos en un segundo lugar con los casos de violencia intrafamiliar y el resto repartido en delitos menores.

Jade Linyu Caballero Lavadores, directora de Investigación y Acusaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo a nivel local, informó que dicha estadística es en referencia a las más de 4 mil denuncias recibidas durante los primeros 8 meses del presente año.

“Estamos rebasando los 4 mil inicios de carpetas de investigación, esto es un incremento en cuanto al número de denuncias entre este periodo del año y la misma temporada del 2016. Vamos un poquito elevados en la incidencia delictiva, siendo los principales delitos robos a casa habitación y violencia familiar”, dijo la funcionaria estatal. 

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Estimó que dicha cifra supera el antecedente próximo del año pasado, por más de 1000 querellas oficialmente documentadas y en proceso, por lo que se está hablando de un incremento por encima del 30%, sin considerar la incidencia delictiva que todavía queda en “cifras negras” de casos que no son denunciados.

“Las victimas principalmente son trabajadores que pasan gran parte del día en sus centros laborales y no están en sus casas gran parte del día, y no se trata de alguna zona específica, se da en toda la ciudad, aunque es cierto que la temporada de fin de vacaciones es cuanto más casos se han registrado”, dijo Caballero Lavadores.

Subrayó la importancia de prevenir este tipo de delitos mediante la participación ciudadana, que se pongan de acuerdo entre vecinos para cuidar las viviendas cuando no se encuentren para llamar a las autoridades policiacas o en su caso denunciar

Sobre los delitos de alto Impacto, como lo son los asesinatos y presuntas ejecuciones, informó que se llevan alrededor de 40 casos en proceso de investigación.

Además, señaló que de enero a la fecha se ha registrado más de 250 carpetas en etapa de judicialización, superando las 200 que se alcanzaron durante los 12 meses del pasado 2016.