Esmeralda Espinoza/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Más de 70 Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) dedicadas a la construcción en Quintana Roo presentan fuertes problemas de liquidez provocados por el retraso de varios meses de los pagos de los tres niveles de gobierno por la prestación de sus servicios.

Las empresas afectadas representan al 30% de cerca de 250 constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo, informó Nicolás Aké Gómez, presidente de la cámara.

Considera que la situación ha empeorado en el presente año, ya que el 90% de las compañías constructoras están al servicio de los gobiernos municipales y estatales en todos los estados de la República Mexicana.

El registro de los subejercicios y recortes presupuestales han provocado el retraso en los pagos y al mismo tiempo la falta de cumplimiento de los contratos pactados con el gobierno.

“Recortes en el presupuesto han repercutido al sector constructor”.

Les han informado recientemente que pronto se va a arreglar la situación y que les van a pagar, pero mientras esto no suceda, el problema empeora afectando en la liquidez de las empresas, mismas que están padeciendo esa austeridad.

“Estas empresas se dedican en su totalidad a la obra pública y todas dependen del trabajo que el gobierno hace en cada zona”.

Pero la situación no es exclusiva de Quintana Roo, ya que en la mayoría de los estados han tenido serios problemas, de acuerdo al informe que recibió de sus colegas de otras entidades en la más reciente reunión nacional de la CMIC.

“En la reunión platicamos que la situación económica es la misma y hasta peor para compañeros en otros estados”.

Los atrasos en los pagos ha sido un tema que ha persistido desde hace varios años, pero ahora se complicaron más, puesto que los municipios y el estado están a merced de la asignación federal, situación que ha impactado en la economía del estado y sus diferentes sectores.

La CMIC considera que es un aliciente que le confirmaron que este año las cuentas estarán al corriente para que ninguna de las afectadas pare sus actividades y se vaya a la quiebra.

A nivel nacional la deuda es de cinco mil millones de pesos para alrededor de dos mil pequeñas y medianas empresas de 10 mil, de las cuales 93% son Pymes.