Enfrenta CAPA juicios millonarios
Al menos cuatro juicios civiles por un monto superior a los 16 millones de pesos.
Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) enfrenta al menos cuatro juicios civiles por un monto superior a los 16 millones de pesos, mismos que continúan su curso, de acuerdo con datos de la propia paraestatal.
Según el informe más reciente sobre sus pasivos contingentes, el organismo estatal enfrenta el juicio ordinario civil asentado en el expediente 342/2012, mediante el cual la Inmobiliaria Cozumel Caribe S.A. de C.V. reclama la reparación de daños por un monto de diez millones de pesos.
Lo anterior por daños y perjuicios, relacionados con la perturbación de la posesión originaria respecto del predio conocido como Xkanhá. En ese mismo juicio están demandados del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Quintana Roo y el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).
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Otro juicio es el asentado en el expediente 524/2014 promovido por Pedro Pablo Arrigunaga Ancona en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y el Gobierno del Estado de Quintana Roo en donde reclama la restitución de cuatro predios ubicados en la ciudad de Cancún.
Exigen pagos
En esos predios existe infraestructura de la CAPA, por lo cual, además de la restitución exige el pago de 50 mil mensuales por concepto de renta, iniciando desde el año 2006, es decir, alrededor de seis millones de pesos en total.
A estos dos juicios se suman otros de menores montos como es el caso del juicio ordinario civil 1455/2005-b, promovido por Bárbara Milhech y Carlos Guerra Sánchez quienes reclaman reparación de daños por 114 mil 046.69 pesos y siete mil 135 dólares americanos.
Reclaman indemnizaciones
Además a la lista de juicios contra la CAPA se suman otros tres relacionados con la materia laboral, en donde ex trabajadores reclaman las indemnizaciones correspondientes, salarios caídos, vacaciones no pagadas, entre otros conceptos.
La mayoría de los procesos siguen su curso y se encuentran en desahogo de pruebas o en etapa de conclusión ante los juzgados respectivos, y que en su momento representarán una obligación de la paraestatal, en caso de resolverse en su contra.