Alejandra Galicia/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en la administración pasada realizaron juicios inconstitucionales para apropiarse de inmuebles para rematarlos a terceros, todo bajo la autoría intelectual de Enrique Alejandro de la Cruz Pineda, director de una de estas instancias.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció una raíz de al menos 15 expedientes que provienen de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3, que facilitaron una “ola” de despojos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum, con documentación falsa y generación de empleados inexistentes en los expedientes, además de malas prácticas en el proceso de notificación de demandas a los patrones. 

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Actualmente, la secretaría, al igual que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, trabaja en reparar los daños, regresar los inmuebles incautados a sus dueños e iniciar una investigación en busca de que un juez determine la posible responsabilidad penal de los involucrados, y al mismo tiempo, devolver la dignidad a la dependencia laboral.

En una entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la titular de la STPS del Gobierno del Estado, Catalina Portillo Navarro, reconoció las malas prácticas que realizaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje en la pasada administración, detallando además los protocolos que utilizarán para restaurar el sistema y continuar los trabajos de la dependencia.

“Las Juntas de Conciliación y Arbitraje en la anterior administración sí fueron un instrumento para llevar juicios inconstitucionales, porque no se notificaba de manera  correcta y se traducía en una ‘rebeldía’; las empresas morales y personas físicas no se enteraban de haber sido demandados hasta que había un remate o una congelación de la cuenta bancaria, o el banco había remitido a las juntas los fondos de las cuentas bancarias de patrones”, afirmó.

En las Juntas de Conciliación y Arbitraje se crearon grupos internos para hacer juicios apócrifos en los que participaron presidentes, actuarios y personal administrativo. 

La problemática nació en las tres oficinas especiales ubicadas en Cancún, y una en Playa del Carmen, Solidaridad, donde se ejecutaron exhortos para realizar desalojos en hoteles de Tulum, afectándose además a empresarios extranjeros.  

En esa raíz de al menos 15 expedientes de juicios laborales apócrifos detectados, en cada uno se encontró más de un despojo de propiedades, por lo que la secretaría considera la existencia de una gran red de patrones o empresarios afectados; sin embargo, aún se encuentra en la etapa de cuantificación del número total de inmuebles embargados o cuentas bancarias congeladas en cada caso.  

El modo de operación 

En ediciones anteriores, Novedades Quintana Roo describió que, para realizar juicios apócrifos y embargar propiedades, la Junta de Conciliación y Arbitraje integraba en los expedientes nombres de trabajadores inexistentes que demandaban a empresas con bienes o cuentas bancarias importantes, y para “sembrar” los despidos injustificados, utilizaban credenciales de elector provenientes de Tabasco y Veracruz para “identificar” a los trabajadores “fantasma”.

Posteriormente, en la integración del juicio laboral, la Junta de Conciliación y Arbitraje no notificaba a los empresarios demandados, por lo que caían en “rebeldía”, es decir: el patrón nunca contestó la demanda; situación que permitía la no existencia de pruebas contrarias a las que manifestaba en la demanda el supuesto trabajador, por lo tanto, de inmediato la autoridad realizaba condenas millonarias.  

Incluso, se emitieron laudos con sentencias definitivas y comenzaban a embargar las propiedades de los empresarios.  

Consecutivamente, la dependencia armaba convocatorias para ofrecer en remate los inmuebles, llegando empresas y personas físicas a comprar los bienes embargados por montos menores al precio real de la propiedad, y como en materia laboral los créditos son preferenciales, estas propiedades fueron vendidas sin impuestos, se escrituraron y solicitaron la adjudicación del inmueble, aplicándose además el desalojo de los dueños que vivían en las propiedades. 

La etapa de ejecución de estos juicios amañados, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y las personas que realizaban todos estos procesos fueron los actuarios de la dependencia. Una vez dictado el laudo, ya no intervenían los representantes obreros patronales y fueron los presidentes de las juntas quienes autorizaron el despojo.

Portillo Navarro dijo al respecto que, de las tres juntas especiales que operan en Cancún, la número 2 fue una de las que operó más juicios y despojos de mayor cuantía.

Afirmó que trabajan en la carpeta de investigación para que los responsables paguen por los delitos y daños que causaron a los empresarios.

Pesadilla legal

En esta trama de falsos litigios laborales, conforme las denuncias y hechos corroborados por Novedades Quintana Roo, las afectaciones presuntamente derivaron de la actuación de ex funcionarios de la Secretaria estatal del Trabajo, como el entonces subsecretario Enrique de la Cruz Pineda; el ex titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, y el de esta misma instancia, pero en Playa del Carmen, Solidaridad, Roberto Javier Ibarra Morales.

Estas personas al parecer actuaron en contubernio para llevar a cabo los despojos mediante juicios laborales a la medida para incautar inmuebles de la más alta plusvalía en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

El método para despojar a los legítimos propietarios de inmuebles era inventar juicios contra ellos, y como la Junta de Conciliación va sobre el posesionario, sobre la fuente de trabajo, así pasaron encima a todos.

“Vengo a demandar a fulanito  -Ya murió... Sí, pero a mí me responde la fuente de trabajo y los presuntos demandantes dicen sí él me contrató… así de fácil, todo simulado”, comentaron varios abogados laborales al ser entrevistados sobre este tema.

“Así que los actuales posesionarios pueden negarlo, pero la Junta procede contra la fuente de empleo. Los embargan los lanzan, le adjudican al trabajador y luego venden. Simulan un patrón donde no lo hay y demandan falta de pagos salariales y derechos laborales”, explicaron al referir que la pasada administración fue una “pesadilla”.