El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno. Ha sido una de las banderas de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, quienes buscan exaltar este derecho con el fin de que todos podamos fiscalizar a los servidores públicos, contribuyendo a la consolidación de una democracia de calidad.

Recordemos que la transparencia es una de las características fundamentales de un estado democrático. Sin embargo, más transparencia no significa necesariamente más rendición de cuentas.

Desde 2002, cuando se promulgó la primera Ley Federal de Transparencia, se han multiplicado las solicitudes de información a los gobiernos, pero ello no se ha traducido siempre, ni en mejor gestión de gobierno, ni en mayor rendición de cuentas, ni en menor corrupción.

La transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas, pero se requieren otras condiciones facilitadoras que en México son escasas. Bajo la administración de Vicente Fox Quesada, en el año 2002, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo que tiene como objetivo: garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública gubernamental, proteger los datos personales de los individuos y resolver las negativas de acceso a la información que dependencias o entidades del gobierno hayan formulado.

Considero que el principal obstáculo del acceso a la información es la inexistencia de datos, además de la falta de criterios sobre la clasificación de archivos, y que ambos son fundamentales en la noción histórica y para documentar la gestión cotidiana de lo público.

Los retos en el tema de transparencia son de orden normativo, institucional y político. Por ello, a nivel formativo se debe establecer cómo alinear plazos, criterios y garantías de acceso; las causales de reserva y confidencialidad, homologar procedimientos y sanciones. En teoría todos podemos solicitar información a los gobiernos, pero en la realidad sólo hay pocos facultados legalmente para usarla para investigar, fiscalizar y, eventualmente, castigar.

Esos actores son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías estatales entre otras; sin embargo la evidencia muestra que esas autoridades en ocasiones son omisas y en vez de sancionar solo protegen las corruptelas.

La rendición de cuentas y transparencia implica mantener informados a los ciudadanos sobre los actos y decisiones de los órganos de gobierno de manera transparente, es decir, de forma clara. El reto de la transparencia es entenderla más allá del acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados. La transparencia debe servir para justificar la existencia del Estado. Se trata de una tarea fundamental en la construcción  y consolidación de un Estado Democrático.

En nuestro país se ha avanzado mucho en materia de transparencia, pero aún hay camino por recorrer para lograr una cultura de apego a la legalidad, la ética y la responsabilidad pública. Soy de los que cree que la transparencia no es un lujo, sino un producto de primera necesidad para toda democracia, el Gobierno debe ser vigilado, porque la falta de vigilancia sólo incrementa las posibilidades de que se cometan actos de corrupción.

La transparencia y el acceso a la información pública son las herramientas que socialmente hemos diseñado para situaciones de asimetría de información, y debemos presionar para que los gobiernos respondan a las solicitudes de información, pero también para que la información sea de calidad.  Los propios institutos locales de transparencia se han encargado de poner barreras al momento de solicitar algún tipo de información, solo son entes que reciben jugosos presupuestos para pocos beneficios de la población.

En conclusión, la transparencia no es una moda, por el contrario es una herramienta básica en una democracia que le permite al ciudadano enterarse de lo que hace el Gobierno, tomar decisiones, vigilar el destino de los recursos públicos y evitar actos de corrupción, pero señores estamos en México y aquí todo y nada pasa.

El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de buscar, recibir y difundir información en poder del gobierno. Ha sido una de las banderas de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, quienes buscan exaltar este derecho con el fin de que todos podamos fiscalizar a los servidores públicos, contribuyendo a la consolidación de una democracia de calidad.

Recordemos que la transparencia es una de las características fundamentales de un estado democrático. Sin embargo, más transparencia no significa necesariamente más rendición de cuentas.

Desde 2002, cuando se promulgó la primera Ley Federal de Transparencia, se han multiplicado las solicitudes de información a los gobiernos, pero ello no se ha traducido siempre, ni en mejor gestión de gobierno, ni en mayor rendición de cuentas, ni en menor corrupción.

La transparencia es una condición necesaria para la rendición de cuentas, pero se requieren otras condiciones facilitadoras que en México son escasas. Bajo la administración de Vicente Fox Quesada, en el año 2002, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo que tiene como objetivo: garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información pública gubernamental, proteger los datos personales de los individuos y resolver las negativas de acceso a la información que dependencias o entidades del gobierno hayan formulado.

Considero que el principal obstáculo del acceso a la información es la inexistencia de datos, además de la falta de criterios sobre la clasificación de archivos, y que ambos son fundamentales en la noción histórica y para documentar la gestión cotidiana de lo público.

Los retos en el tema de transparencia son de orden normativo, institucional y político. Por ello, a nivel formativo se debe establecer cómo alinear plazos, criterios y garantías de acceso; las causales de reserva y confidencialidad, homologar procedimientos y sanciones. En teoría todos podemos solicitar información a los gobiernos, pero en la realidad sólo hay pocos facultados legalmente para usarla para investigar, fiscalizar y, eventualmente, castigar.

Esos actores son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las contralorías estatales entre otras; sin embargo la evidencia muestra que esas autoridades en ocasiones son omisas y en vez de sancionar solo protegen las corruptelas.

La rendición de cuentas y transparencia implica mantener informados a los ciudadanos sobre los actos y decisiones de los órganos de gobierno de manera transparente, es decir, de forma clara. El reto de la transparencia es entenderla más allá del acceso a la información pública en poder de los sujetos obligados. La transparencia debe servir para justificar la existencia del Estado. Se trata de una tarea fundamental en la construcción  y consolidación de un Estado Democrático.

En nuestro país se ha avanzado mucho en materia de transparencia, pero aún hay camino por recorrer para lograr una cultura de apego a la legalidad, la ética y la responsabilidad pública. Soy de los que cree que la transparencia no es un lujo, sino un producto de primera necesidad para toda democracia, el Gobierno debe ser vigilado, porque la falta de vigilancia sólo incrementa las posibilidades de que se cometan actos de corrupción.

La transparencia y el acceso a la información pública son las herramientas que socialmente hemos diseñado para situaciones de asimetría de información, y debemos presionar para que los gobiernos respondan a las solicitudes de información, pero también para que la información sea de calidad.  Los propios institutos locales de transparencia se han encargado de poner barreras al momento de solicitar algún tipo de información, solo son entes que reciben jugosos presupuestos para pocos beneficios de la población.

En conclusión, la transparencia no es una moda, por el contrario es una herramienta básica en una democracia que le permite al ciudadano enterarse de lo que hace el Gobierno, tomar decisiones, vigilar el destino de los recursos públicos y evitar actos de corrupción, pero señores estamos en México y aquí todo y nada pasa.