20 de Septiembre de 2018

Quintana Roo

Buscan disminuir delitos en Quintana Roo

Prevén que sea mediante estrategias para la prevención de éstos.

Los delitos también afectan la economía de las sociedades, aseguró Manuel Monteros de la Parra, consultor en seguridad internacional. (Foto: Adrián Barreto/SIPSE).
Los delitos también afectan la economía de las sociedades, aseguró Manuel Monteros de la Parra, consultor en seguridad internacional. (Foto: Adrián Barreto/SIPSE).
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Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Crear un ente autónomo para el diseño y evaluación de políticas de prevención del crimen y elevar los estándares de integridad y seguridad empresarial son dos alternativas que Manuel Monteros de la Parra, consultor en seguridad internacional, propuso para Quintana Roo.

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El experto en el tema indicó que existen historias de éxito que se basaron en la creación de estrategias propias, por lo que opinó que copiar algunas para este estado no tiene la garantía de que serán efectivas.

“Una de las ideas que propongo es tener un ente autónomo para el diseño y evaluación de políticas de prevención del crimen. Que tenga la evidencia empírica de los resultados de las estrategias que se implanten. Actualmente en México tenemos al Inegi y la Coneval que tienen estas características y son efectivas, si queremos efectividad no podemos permitir que quien ejecute las políticas se autoevalúe porque caemos en la auto complacencia”, comentó.

Indicó que esos “entes” tienen que comprobar en el mediano y largo plazo ser efectivos, por lo que es necesario que emerjan de la iniciativa privada y la participación ciudadana, y tiendan lazos de coordinación con el gobierno.

“Eso daría benéficos como políticas de seguridad efectivas y ahorrar tiempo y dinero. Proteger intereses de la misma iniciativa privada, tener calidad de turismo y ser un ejemplo”, comentó.

En julio pasado se modificó Artículo 18 bis del código penal de Quintana Roo, relativo a la responsabilidad penal de las empresas, que se puede constituir si sus empleados cometen ilícitos como la defraudación fiscal sin que la empresa haya implantado políticas de prevención.

“La ley de responsabilidad penal de empresas ya obliga a los empresarios a establecer mecanismos de control de actuaciones, códigos de conducta y capacitaciones para prevenir el delito generados por sus trabajadores, como la defraudación. Si no las hacen tienen responsabilidad penal y pueden ser multados”.

Agregó que por ello es necesario que la iniciativa privada haga el compromiso de elevar su calidad moral, y su compromiso social, no solo para evitar violar esa disposición de ley sino para prevenir el delito.

“Así se previenen los delito que más afectan a la economía de las sociedades como son el cohecho, la defraudación fiscal y lavado de dinero, que se hacen regularmente desde las empresas y que se ha comprobado que les acarrean pérdidas de 20% de sus ingresos por fraudes”, indicó.

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