Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- Gina Patricia Ortiz Blanco, ex titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) durante el gobierno de Félix González Canto, se presentó ante la justicia para solicitar al juez de Control de Chetumal establecer fecha y hora para la audiencia inicial, y así enfrentar el procedimiento legal iniciado en su contra.

De acuerdo con la información recabada, la ex funcionaria es señalada dentro de la carpeta administrativa 158/2018 por la venta irregular de al menos 11 inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, medida que causó un daño patrimonial por 53.5 millones de pesos.

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La petición formal fue realizada el pasado 14 de mayo al juez de Control de Chetumal, que emitió una orden de aprehensión en su contra.

“Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, mediante el cual hace de conocimiento que en fecha catorce de mayo en curso, solicitó al juez de Control señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial de procedimiento iniciado en su contra, poniéndose a disposición de la autoridad responsable que emitió la orden de aprehensión en su contra, de la que tuvo conocimiento con el informe previo rendido, por tanto, como lo refiere, se le tiene anunciada su comparecencia ante la responsable para los efectos legales conducentes”, publicó ayer el Juzgado Sexto de Distrito.

La mencionada instancia federal analiza, desde el pasado 2 de mayo, el juicio de amparo 373/2018 promovido por la ex titular del IPAE.

De realizarse la audiencia solicitada ante el juez de Control y de ser vinculada a proceso, Ortiz Blanco continuaría en libertad, según el amparo provisional que obtuvo.

Precisamente, esta misma semana, el juez federal determinó otorgarle la suspensión provisional a la quejosa, es decir, que no podrá ser privada de su libertad; sin embargo, para ello tendrá que dejar un depósito en garantía por 1.5 millones de pesos.

La ex funcionaria se desempeñó como directora del IPAE durante prácticamente toda la administración de Félix González Canto, y fue sustituida en abril de 2011 por Claudia Romanillos Villanueva, contra quien también pesan denuncias penales.