Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La defensa de Paula  N., ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) logró incluir entre sus medios de prueba al juicio final a dos expertos: uno en auditoría pública y otro de fiscalización, en busca de una condena absolutoria.

Baldomero Mendoza López, defensa de la ex funcionaria, explicó que los expertos están totalmente acreditados y arribarán de la Ciudad de México exclusivamente para el juicio. El experto en auditoría gubernamental y el de fiscalización de recursos públicos, son peritos altamente calificados para emitir una declaración en torno a este caso, dijo.  El resto de los medios de prueba que se ofrecerán en el juicio son documentales que el propio gobierno expidió.

Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo, se incluyeron alrededor de 20 órganos de prueba que desfilarán a través de los fiscales especializados en combate a la corrupción.

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“Aún no tenemos fecha del juicio final; sin embargo, consideramos que podemos ganarlo. Si el tribunal de enjuiciamiento que esperamos que así sea, queremos decirlo, los jueces que han revisado en las últimas instancias han sido objetivos e imparciales”.

De acuerdo con la defensa, en noviembre un juez de Control modificó las medidas cautelares para su representada, por lo que ahora se encuentra cumpliendo un horario laboral, es decir, la imputada presentó una propuesta de empleo y se le concedió.

“Básicamente las medidas cambiaron porque Paula demostró que dado el tiempo que había estado en prisión domiciliaria sus finanzas habían mermado de manera tal que se encontraba sin recursos incluso para mantener a su menor hijo, por lo cual el juez consideró que era oportuno darle una atención diferente y se le fijó un horario laborable”.

Además, otro de los acuerdos fue que, en el tiempo que pudiera estar en libertad Paula pudiera recibir tratamiento psicológico porque el internamiento prolongado le ha provocado diferentes alteraciones de ese orden.

“Empezar a tomar terapias y el trabajo van a mejorar su situación, así como la relación que tiene con su hijo, para que pueda tener los recursos necesarios para mantenerlo”.

La Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión y la reparación del daño patrimonial de mil 56 millones de pesos, los cuales fueron transferidos de CAPA, a través del banco HSBC, a la cuenta del Gobierno del Estado.