Ya para terminar la semana pasada, justo cuando los diputados analizan la abrogación de la ley sobre defensores de derechos humanos y periodistas del estado de Quintana Roo, la llamada Ley Borge, surge desde algún lugar oscuro del poder, en la capital del Estado, una estratagema convertida en una historia de fábula, por la que pretenden presionar a los legisladores no para que abroguen la ley, sino más bien para que la remienden, con una supuesta amenaza de muerte al dueño de un medio del considerado enemigo público número uno del momento: Carlos Mimenza Novelo.

La estrategia se articuló al más puro estilo del régimen borgista: el ataque a la página de Facebook de Mimenza Novelo, mediante numerosos reportes, para que la red social la diera de baja. Ese tipo de estrategia fue usada por César Mortera, el operador de los ataques DOS a sitios como Noticaribe y Expediente Quintana Roo y de varias páginas de usuarios antipriistas en Facebook, sobre todo en la elección de 2013, cuando el PRI recuperó todos los ayuntamientos en poder de la oposición.

La táctica de Mortera, que tuvo su centro de operación en el municipio de Solidaridad, se basaba en asignar a cada “editor” el alta de cuentas, con perfiles falsos, para difundir mensajes a favor del candidato a alcalde, Mauricio Góngora Escalante, y para ubicar y reportar masivamente a Facebook los perfiles de activistas que consideraba peligrosos. En la casa de campaña de Góngora Escalante, laboraban unos siete editores, por turno, cada uno con 15 cuentas para administrar.   

Una vez que Facebook suspendió la página de Mimenza Novelo, desde Chetumal se apresuraron a avisar a ciertos medios la “primicia” con el agregado: fue dada de baja por incitar a la violencia. Uno de esos medios, que dio por buena la “primicia”, sin el más mínimo rigor periodístico de investigar por lo menos el funcionamiento de las políticas de la red social, fue elquintanaroo.mx, que la destacó en la portada de su medio impreso y en su sitio. Lo que vino después fue una presunta velada amenaza contra su director, Amir Ibrahim Mohamed Alfie.

¿A quién conviene fabricar “noticias” como ésta y conectarla con la Ley de Periodistas?

La Ley de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo no va a caminar rápido solo porque algunos opinadores tuerzan un hecho surgido de la falsedad.

Hay que entender que los periodistas en Quintana Roo ya estábamos en el desamparo con la Ley Borge, simplemente porque las agresiones a informadores provenían de entes estatales. Quienes levantamos una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, lo aprendimos: el Estado no investigó jamás agresiones del Estado.

En el presente, lo mejor que le podría pasar al gremio es que los legisladores abroguen la Ley Borge, la cual, dicho sea de paso solo tuvo el consenso de una minoría asentada en Chetumal, y eso permita que el gremio de todo el estado, con el Legislativo y el Ejecutivo, defina la creación de un enlace para que los delitos contra periodistas se federalicen.