Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Tres ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), fueron los responsables directos del desvío de 806.6 millones de pesos, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Según los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionada con la aplicación del último convenio por 450 millones de pesos (2016), los cargos mencionados corresponden al ex director general, el del ex subdirector general de Administración y el ex director jurídico.

Se trata de Jorge Acevedo Marín, Gerardo Vázquez Handall y Fabián Herrera Manzanilla, quienes dejaron de laborar en el organismo en noviembre de 2016. Este último, fue designado en el convenio como responsable de supervisar y vigilar el debido cumplimiento de lo establecido en el citado convenio.

También te puede interesar: Investigan desvío millonario de Pech Galera

Jorge Acevedo Marín.

El dinero entregado al SQCS para la implementación de una estrategia creativa; pre, pro y post producción y copiado de cápsulas de radio y televisión; contratación de tiempos comerciales; contratación de espacios publicitarios en medios impresos; contratación de estudios cuantitativos y cualitativos.

También incluyó servicios integrados de comunicación política, servicios de comunicación y relaciones públicas, producción ejecutiva, elaboración, revisión, corrección y planteamiento creativo y conceptual sobre la aceptación de programas y acciones relacionadas con la Sedatu.

En las entrevistadas realizadas a los tres ex funcionarios por personal de la ASF, únicamente se limitaron a decir que recibieron la invitación directa de la Sedatu para la prestación de servicios y para la contratación de las empresas dijeron haber verificado en internet la información de éstas.

Martha Silva, actual directora del SQCS, aseguró que los ex servidores públicos serán los responsables de reintegrar el dinero a la Federación y no el Sistema para lo cual se siguen los procedimientos ante las instancias correspondientes como la Secretaría de la Contraloría.

De igual manera, afirmó que existen otras acciones y legales e investigaciones, derivado del robo de documentación y equipos de cómputo por parte de los tres ex funcionarios señalados.