El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias (Ciadi) solicitó al Estado Mexicano el cese de los ataques públicos contra Calica, en específico los de las conferencias matutinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Además, el tribunal internacional que resuelve la demanda de Calica, filial de Legacy Vulcan, por el retiro de diversas concesiones para la extracción de caliza, incluyó también en la disputa la clausura que realizó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en mayo pasado, acto que la transnacional considera ilegal.

Se trata del último resolutivo del arbitraje internacional que resuelve el Ciadi con el expediente ARB/19/1. El panel determinó que los ataques públicos provienen de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, “actos que afectan el proceso legal”.

En el documento se destaca que el Ejecutivo federal constantemente señala en sus conferencias matutinas el daño que ha causado Calica a los ecosistemas locales ubicados al sur de Playa del Carmen.

El resolutivo estuvo encabezado por Albert Jan van den Berg, presidente del citado tribunal, quien tomó el caso de arbitraje que denominaron “Legacy Vulcan contra los Estados Unidos Mexicanos”.

Calica tuvo la última clausura en mayo pasado, lo que paralizó completamente la extracción de calizas a 10 kilómetros al sur de Playa del Carmen, en el predio de nombre “La Rosita”.

Diferencias con Calica desde 2009

Aunque las diferencias surgieron desde 2009 y se consumaron con diversos actos de autoridad, entre los que destacan las clausuras de los predios “La Adelita” y “El Corchalito”, justo al final de la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto.

Además del retiro de la concesión por el uso del puerto de Punta Venado, desde donde sacaban el material pétreo para enviarlo a estados del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con los expedientes a los que se tuvo acceso del mencionado caso, Calica reclama al Estado Mexicano el pago de mil 500 millones de dólares por daños y perjuicios tras la imposición de las clausuras y el retiro de las diversas concesiones federales para la extracción, manejo y transporte de material pétreo.