Julián Miranda/SIPSE
COZUMEL, Q. Roo.- Martha Argüelles Anguiano solicitará formalmente la destitución de la presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje (JCA) de Cozumel por incumplir sentencia a su favor. La demandante desde el 2009 le fue dictado un resolutivo a su favor y en tres ocasiones la titular de la JCA, Teresa de Jesús Ku Pat, se ha negado a hacer cumplir el mandato del Tribunal Laboral con sede en el municipio de Benito Juárez.

La demandante mencionó que desde el 2005 que fue despedida, el monto de su liquidación era de 20 mil. Ahora la empresa Hotelera Grand Turismo y con nombre comercial Cozumel and Resort debe sumar a esto sueldos caídos, multas y créditos a su favor.

Martha Argüelles narró que a mediados de junio del 2005, junto con otras 19 personas fue contratada en el  Distrito Federal para laborar en el Cozumel and Resort, meses después fue despedida de manera injustificada sin recibir la liquidación y sin recursos económicos poder retornar a su lugar de origen.

Ante esta situación decidió interponer la demanda laboral 104-2005 y a lo largo de ocho años ha tenido que interponer 19 amparos indirectos para tratar de obtener su indemnización y en una ocasión se extravió el expediente retrasando el proceso.    

Argumentó que finalmente las autoridades laborales han emitido un laudo a su favor, sin embargo, la compañía ha interpuesto tres amparos y por cada uno los representantes de Cozumel and Resort deben de pagar 40 mil pesos a favor de la ex trabajadora.

Debido a que no han cubierto este recurso, el Tribunal laboral emitió en mayo una resolución a la JCA para una orden de embargo, la cual fue programada para el 21 de junio y se canceló sin previo aviso.

Ayer jueves se reprogramó el embargo y de nuevo fue suspendido debido a que la actuaria no se presentó a laborar por una incapacidad. La titular de la dependencia no pudo ser localizada.

Argüelles Anguiano dijo que de acuerdo con el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo será motivo de destitución de Teresa de Jesús Ku, en caso que retenga o retarde indebidamente la tramitación de un expediente y no proveer oportunamente la ejecución de una sentencia.