Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Al menos cuatro personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa por la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes), presentaron su renuncia voluntaria como inspectores de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), luego de que se evidenció la red de corrupción sobre cobros indebidos hacia transportistas al interior de la dependencia.

“Al momento hemos recibido alrededor de cuatro renuncias voluntarias por parte de estos inspectores. Dijeron que mejor se iban a retirar porque ya tenían tiempo trabajando en el Gobierno del Estado. Nosotros estamos vigilantes en el tema de la corrupción, en el tema de que no estén cayendo en esos actos, pues ya no tienen tanto margen de maniobra”, detalló Jorge Alberto Portilla Manica, titular de la Sintra.

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El pasado 27 de junio, Novedades Quintana Roo dio a conocer un audio y extracto de conversaciones telefónicas donde inspectores involucran a Juan Jesús Lezama González, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en Benito Juárez, de recibir al menos 50% del dinero de extorsiones, producto de extorsiones a los denominados pavitos (transportistas) a través de las ocho patrullas adscritas entre Benito Juárez, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

Hasta que la Secoes emita una resolución basada en la investigación, integración del expediente y comparecencia, se conocerá el tipo de sanción y situación jurídica y administrativa de las personas implicadas, en apego al marco normativo vigente; paralelamente, se publicará la convocatoria para contratar personal preferentemente del sexo femenino, sin que sean parte de algún sindicato o militen en algún partido político.

Según informó Portilla Manica, Gimer Alejandro Povedano Zetina y Jesús Gabriel Mejía Sardoz, separados inicialmente del cargo, ya no forman parte de la Sintra, porque ambos se retiraron “ya tenían tiempo trabajando en el gobierno del estado e iban a buscar mejores oportunidades en alguna otra empresa”.

Añadió que la plantilla de inspectores, no sólo de Benito Juárez sino de todo el estado, ya no tiene tanto margen de maniobra durante los operativos y fuera de ellos, puesto que se mantiene una estrecha vigilancia y supervisión para evitar que caigan en esos actos.

Con base a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, el procedimiento administrativo puede concluir en una amonestación pública o privada, suspensión, destitución e inhabilitación, sujeta a la gravedad de la falta y de elementos aportados, ya que alguna pueda acompañarse de una sanción económica.

En su momento, el contralor del estado, Rafael Del Pozo Dergal, destacó que el procedimiento administrativo contempla una audiencia para aclarar las diferencias que existan e imputaciones por cualquiera de las tres vertientes, sin embargo, por el sigilo los avances de la investigación son de carácter reservado.