21 de Septiembre de 2018

Chetumal

Extrabajadores exigen 'millonaria' liquidación

En el 2008 la Junta de Conciliación y Arbitraje había dado el fallo para un pago menor.

El abogado de los trabajadores informó que en caso de que la demanda no proceda conforme corresponda, tomarán otras medidas más drásticas. (Ángel Castilla/SIPSE)
El abogado de los trabajadores informó que en caso de que la demanda no proceda conforme corresponda, tomarán otras medidas más drásticas. (Ángel Castilla/SIPSE)
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Claudia Martín/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Exempleados del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto demandaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) en Chetumal, a la figura municipal por el delito contra la administración de justicia por servidores públicos, informó José Luis Oseguera Ramírez.

El abogado de los 74 trabajadores que laboraron en la administración del perredista Eliseo Bahena Adame y fueron despedidos por su sucesor, el priísta Valfre Cetz Cen, recordó que si en 2008 hubieran pagado la liquidación correspondiente el monto sería de 155 mil pesos, pero por la dilación del caso, ahora el monto asciende a alrededor de 18 millones de pesos.

“Para evadir el pago por concepto de liquidación, y afectaciones por desempleo injustificado, el Ayuntamiento ha hecho uso de dos amparos con el único fin de obstaculizar la justicia e incumplir con el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje desde el año 2008”.

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Uno por uno 

Alrededor de las 11:00 de la mañana de ayer, unos 40 ex trabajadores del municipio antes mencionado, (hombres y mujeres), empezaron a reunirse en las afueras de la Procuraduría para proceder de manera individual a interponer la demanda correspondiente.

En primera instancia, solo el abogado y dos representantes del grupo pudieron acceder a las instalaciones de la PGR, pues según los guardias de seguridad privada, el acceso está restringido por instrucciones de “la gente de adentro”.

Luis Oseguera Ramírez señaló que tras cinco meses y ocho días de plantón en los bajos de Palacio de Gobierno, el año pasado, se fueron con la promesa de pago, pero el municipio recorrió a los amparos  para frenar el procedimiento e impedir el requerimiento de pago o en su caso embargar al Ayuntamiento.

“La demanda se interpuso por el delito contra la contra la administración de justicia por parte de servidores públicos previsto por el Código Penal Federal (CPF), porque ese argumento es inválido”.

Agregó que en caso de que la demanda no proceda conforme corresponda, tomarán otras medidas más drásticas para que se cumpla con el fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje y se liquide conforme a derecho a los extrabajadores.

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