Adrián Barreto/ SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Pese a que la Comuna anunció que se creará un fideicomiso para el manejo de los 132 millones que pretende recaudar por el “derecho de saneamiento”, el sector empresarial mantiene su postura de rechazo al que consideran “impuesto sobre impuesto” y que contraviene el discurso democrático con el que se presenta el gobierno municipal al tomar decisiones unilaterales.

El nuevo pago que harán los turistas de 20 pesos extras por cada noche-habitación que alquilen en los hoteles una vez que se publique en Periódico Oficial el decreto que aprobó el Congreso del Estado, ha sido defendido a capa y espada por su principal promotor, el regidor Gustavo Maldonado Saldaña, e igualmente ha sido respaldado por prácticamente todo el Cabildo.

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Para amainar el ánimo adverso entre la iniciativa privada, desde el seno del cabildo de anunció que se crearía un fideicomiso que se encargará de distribuir esos 132 millones en cuatro partes: 60% para recuperación de playas, 20% para programas de manejo  de residuos sólidos, 15% para eficientar la red eléctrica y 5% por ciento en erradicar tiraderos a cierto abierto.

La propuesta es que los representantes de los empresarios formen parte del fideicomiso junto con el gobierno municipal, pero Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, lamentó que se hablen de planes en los que no han sido invitados a participar los empresarios en decisiones que son contrarios al desarrollo y a la estabilidad económica y laboral del destino.

Coordinador Empresarial

Ayer mismo la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), María Elena Mata Pineda, envió al despacho del gobernador Carlos Joaquín González un posicionamiento en el que se lee “nuestro rechazo total y abierto a este impuesto disfrazado de derecho”.

“Son derechos que ya fueron pagados por los empresarios a través de los cobros de derechos por recolección de basura, y pago por el servicio de alcantarillado y saneamiento que se realiza al Concesionario para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales en el municipio de Solidaridad. Esto es claramente un cobro de derecho sobre derechos que ya han sido pagados”.

El Ayuntamiento no ha reculado. Ayer mismo la presidenta en un discurso ante trabajadores de la Zofemat reiteró que asumirán el costo político de este derecho de saneamiento, mientras que los empresarios reafirmaron que recurrirán a amparos para echar para atrás este nuevo cobro, y hasta ahora no se muestran dispuestos a formar parte de un fideicomiso al que ni siquiera han sido invitados.