Benito Jiménez
Ciudad de México.- La Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, se desmarcó de los delitos que comete una organización criminal de origen rumano en Quintana Roo, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias a nivel mundial, y aclaró que sólo investiga a funcionarios públicos involucrados en un cateo ilegal contra Florian Tudor, presunto cabecilla de esa agrupación.

También descartó que exista un conflicto de interés en Camilo Constantino Rivera, titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía en el Combate a la Corrupción de la FGR, quien es hermano de uno de los escoltas del grupo de Tudor, debido a que, afirmó, el funcionario no revisa ese expediente.

"La Fiscalía en el Combate a la Corrupción de la FGR investiga una denuncia en la que una persona afirma haber sido víctima de abuso de autoridad en un cateo ilegal, que está declarado ilegal, realizado en el mes de mayo de 2019", dijo Mijangos en entrevista.

"En este caso los denunciantes son los rumanos y los probables imputados son los que estuvieron involucrados en el cateo; autoridades locales y federales en Quintana Roo".

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La funcionaria estableció que algunas autoridades señaladas como involucradas en ese cateo, supuestamente ilegal, son de la propia FGR, adscritas a la Delegación de Quintana Roo.

"Esa carpeta no la tengo yo, esa carpeta la lleva el área de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR -que encabeza Adrián a Campos-. Ellos también tienen una carpeta de investigación, en la que los denunciantes son los rumanos", advirtió.

"Ahora, si los denunciantes, o sea los rumanos, están involucrados en algún delito ese tema no corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, eso es muy importante porque parecería como si nosotros vemos los dos tipos de asuntos. Si ellos (los rumanos) cometieron algún delito eso corresponde a otra área de la propia FGR, o de la Fiscalía de Quintana Roo".

Insistió en que ella tiene esa denuncia en sus manos debido a que el cateo fue cometido por servidores públicos.

"O sea, yo estoy viendo un cateo que se realiza en el mes de mayo y en el que presuntamente hay irregularidades por parte de autoridades locales y federales, eso es todo lo que yo veo.

Eso no exime a los denunciantes (rumanos) de ser investigados por otra área".

Esto fue lo que respondió la Fiscal Anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja

¿Tiene la certeza de que la investigación (contra los servidores públicos que actuaron contra Tudor) esta apegada a derecho?
Yo respeto la autonomía de los Ministerios Públicos, me parece que no esta viciada, pero hay filtros que se darán en su momento, esta carpeta una vez que se presente para ser judicializada entonces se revisará por otras áreas, por áreas internas de la propia FGR, ahí veremos si hay alguna irregularidad, a mí parece que no.

En alguna ocasión, por parte también de los rumanos, vinieron y alegaron que no hacíamos nuestro trabajo correctamente. Y el día que vino el señor (Alberto) Capella (Jefe de la Policía de Quintana Roo) voluntariamente aquí a conocer de los hechos también manifestó lo mismo. Yo en esas cosas procuro ser muy equilibrada y dejar que no se litigue esto en medios, para no distorsionar hechos.

¿Con la fuerza inusitada que se ha procesado a funcionarios en este asunto usted cree que hay certidumbre jurídica para los funcionarios responsables de perseguir estas presuntas mafias?
No, imagínese cuál fuerza inusitada. De verdad, a mí me parece que lejos de que ellos digan que se les inhibe el combate a estos grupos delictivos, yo podría decir lo mismo ¿ustedes inhiben el combate a la corrupción? ¿Se inhibe que nosotros podamos señalar a nadie que sea autoridad? Pues no, eso descártelo completamente. No estamos del lado de ninguna persona.

¿Si la justicia de otros países termina procesando a Tudor, cómo considera que se verá la procuración de justicia de México?
Se verá como eso, como imparcial, justamente ese es el principal mensaje que se quiere dar. En este caso ellos (los rumanos) denuncian, y si fueron objeto de un abuso de autoridad, pues fueron objeto de un abuso de autoridad, y tienen derechos. Si ellos cometieron otros delitos, que se los demuestren y, si son culpables, serán sancionados.

¿Existen presiones para favorecer a los rumanos?
Pero por supuesto que no hay presiones, ni para apoyar a una parte ni la otra, yo del Fiscal no he recibido ninguna presión, ni externa, hay quejas que me han dicho de frente, ambos bandos (rumanos y servidores públicos).