15 de Diciembre de 2017

Quintana Roo

El fiscal general de Q. Roo podría tener fuero

Miguel Ángel Pech Cen gozaría de un blindaje en caso de represalias políticas.

El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, podría tener fuero constitucional. (Joel Zamora/SIPSE)
El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, podría tener fuero constitucional. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El fiscal general podría ser una de las figuras con fuero constitucional, según una discusión nacional que podría aterrizar a nivel local, confirmó Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

De acuerdo con el análisis que existe, en el caso del Fiscal es necesario blindar la figura de actos o represalias políticas por la naturaleza de las funciones que ejercen.

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“Se está trabajando por Congresos Estatales el tema con poderes judiciales para llegar a un acuerdo sobre el fuero a los magistrados y al fiscal en este caso. En Quintana Roo también tenemos esa mesa de discusión”, señaló el entrevistado.

Sin embargo, en el caso del Fiscal General, aclaró que el fuero que pudiera ser una realidad una vez que exista un acuerdo entre los Congresos Locales y los Poderes Judiciales, no lo protegerá de actos o delitos del fuero común.

“Como presidente de la Comisión de Justicia considero que sería necesario darle un fuero específico al fiscal y que no sea general como estaba establecido para el caso de diputados, que podrían incurrir en violencia familiar o delito doloso y el fuero los protegía”, aclaró el entrevistado.

El Congreso Local eliminó como parte de las reformas en materia de desafuero, el procedimiento de declaratoria de procedencia que protegía a las figuras del Gobernador, los diputados locales, magistrados y presidentes municipales, de la acción directa del Ministerio Público.

Las modificaciones no incluyeron la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece también un fuero para magistrados y jueces.

La reforma constitucional fue aprobada el pasado 15 de junio por la XV Legislatura y actualmente continúa en manos de los Ayuntamientos, de los cuales se requiere al menos seis para que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con la información recabada, a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial protege a los jueces y magistrados, una vez publicadas las reformas no se descarta algún amparo legal.

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