Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas 816 carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción y desempeño irregular de la función pública en contra de personas que se desempeñan o desempeñaron funciones en cargos públicos, de los cuales 47 ya fueron vinculados a proceso.

Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la dependencia, informó que dentro de estas investigaciones están incluidos desde funcionarios de alto nivel de pasadas administraciones hasta servidores públicos como policías y agentes de tránsito.

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Aseguró que Quintana Roo es, a nivel nacional, la entidad con la mayor cantidad de activos recuperados, sea en especie o en efectivo.

Detalló que a la fecha los reintegros al patrimonio del estado suman alrededor de 100 millones de pesos, con 19 inmuebles asegurados por parte de las autoridades judiciales.

La meta para la Fiscalía, según indicó su titular, es recuperar alrededor de 60 predios e inmuebles con el fin de resarcir los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública.

Asimismo, señaló que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado ya siete sentencias condenatorias por actos de corrupción y en perjuicio del erario estatal.

“Entre estas siete sentencias condenatorias, tres son en contra de un ex tesorero de Chetumal, dos en contra de un ex tesorero de Lázaro Cárdenas; una de juicio oral con respecto a un asunto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) con respecto a la desaparición de mil millones de pesos”, dijo.

El caso de la CAPA, añadió, corresponde al pago de la concesión por parte de la empresa Aguakan que no fue utilizado para los fines correspondientes.

Del mismo modo, refirió que en proceso se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto municipales como estatales, en delitos que van desde extorsión, peculado y hasta homicidio.

En las carpetas de investigación activas hay personas que ya no desempeñan cargo alguno en los gobiernos municipal o estatal, sin embargo, hay otros que, dependiendo del proceso jurídico, aún permanecen en sus puestos de trabajo en tanto la autoridad correspondiente no dicte una sentencia en su contra.