Si en este, o cualquier país, se diseñaran y aprobaran leyes conforme a lo que “desean” las mayorías, prácticamente ninguna de las que contempla el cobro de algún impuesto estaría en vigencia, por ello se construyen y aprueban en función de las necesidades sociales y ese deberá ser el espíritu legislativo que impere, luego de la realización de foros para actualizar o abrogar la actual Ley para la protección de Defensores de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En caso contrario, se estarían aprobando normas a contentillo de grupos o sectores que consideran “inadecuada” una ley que debe ser de aplicación general para un sector o gremio.

Este martes por la tarde se realizó el primero de tres foros organizados por la XV Legislatura y en el mismo se presentaron propuestas necesarias para actualizar una ley en vigencia, que deberán ser enriquecidas con las que se presenten en los que se realizarán en Felipe Carrillo Puerto y Cancún en los siguientes días; pero sobre todo quedó como idea general que abrogar una ley con base en el prejuicio, no sólo es pernicioso, sino además riesgoso para las mismas instituciones que se dicen democráticas, pues bastaría entonces que ciudadanos de la entidad se manifestasen en contra de alguna normativa vigente para abrogarla por deseo.

Ciertamente, hubo propuestas valiosas que no se contemplaron en la actual normatividad, como considerar en dicha ley a los periodistas que laboran en las llamadas radios indigenistas, pues es fundamental considerar los amenazas que pueden recibir por parte de las autoridades tradicionales en los lugares en los que habitan; pero además otros temas, como la posibilidad de distinguir entre “periodistas” y los llamados “influencer”, personajes que ejercen actividades por medio de redes sociales, pero cuya labor no se ajusta propiamente al periodismo.

Revisar las normas cada determinado tiempo es un proceso necesario, pues ello permite su actualización, pero eso no implica que su actualización requiera una abrogación total de lo bien construido; porque desechar todo para volverlo a construir con tan sólo algunos cambios, equivaldría a derruir una casa hasta los cimientos y volverla a construir con los mismos ladrillos, sólo porque no gusta el “color.”

Los legisladores tienen una complicada tarea, pues el Ejecutivo estatal ha solicitado a la XV Legislatura abrogar la anterior ley y existe un amplio sector –fundamentalmente del norte de la entidad– que se ha pronunciado en ese sentido, pero también hay quienes consideran que abrogar por prejuicio es un proceso pernicioso e innecesario, particularmente cuando la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ya señaló al Congreso de Quintana Roo los cambios que deben hacerse a la norma en comento.

Por último, la racionalidad debiera imperar, considerando que en la coyuntura nacional los estados se han comprometido a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, pero además se sigue violentando su integridad y por ello se requieren medidas urgentes y efectivas. La decisión la tienen los diputados, pues esas serán las cuentas que entreguen a los ciudadanos con cambios reales y no de matices y eso mismo deberá ocurrir en el resto del país.