Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia que fue anunciado en 2013 por Enrique Peña Nieto como la estrategia para terminar con los índices delictivos fracasó, al menos en la entidad, donde se contemplaron Chetumal y  Benito Juárez  a los que se destinó una bolsa de 52 millones de pesos. 

El programa fue limitado para algunas ciudades y no a la entidad, no se atendieron los problemas que se reportan y los recursos fueron desviados, así lo describió Celina Izquierdo Sánchez, secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género, Benito Juárez.  

A nivel nacional se establecía atender 57 demarcaciones del país, de las cuales 48 eran municipios, dos delegaciones de la ahora Ciudad de México,  y siete  zonas metropolitanas, las cuales requieren mayor apoyo en el corto plazo. 

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Desde un inicio el proyecto tuvo un arranque falso, ya que se enfocaba en la prevención del delito, pero no de la violencia y ese fue un primer error, el segundo problema es que se especificaron zonas sólo en Benito Juárez, Chetumal y después se sumó Playa del Carmen,  dejando fuera lugares que tuvieron que ser incluidas, pero tuvo un enfoque político y no verdaderamente social, y el tercero es que los diagnósticos y programas que debían iniciar un año después no se llevaron a cabo. 

Cuando surge el proyecto, en 2013, era necesario realizar diagnósticos y programas para que un año después iniciaran las acciones con las inversiones pertinentes; sin embargo, durante el segundo año hubo un golpe de mano al propio programa y ni se invirtió donde se debía. 

“Los recursos se desviaron al equipamiento de los policías, lo cual debe quedar claro que eso no es prevención al delito”, detalló Celina Izquierda. 

¿Quién estaba detrás de la comisión interestatal?

El proyecto que tenía como bandera Vivir en un México en Paz, proponía la creación de una Comisión Interestatal  por entidad  para atender la violencia y delincuencia, en Quintana Roo quedó conformada por el representante Gabriel Mendicuti, quien en la administración de Roberto Borge Angulo, era el secretario de Gobierno; Mauricio Góngora Escalante, quien era el secretario de Hacienda, los presidentes municipales del Ayuntamiento Benito Juárez y Chetumal, así como Enrique Vallado, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social. 

La firma del convenio se dio en marzo de 2013, en la ciudad de Chetumal, cuando a la entidad se le asignaron 52 millones de pesos, de los cuales 31 millones eran para Benito Juárez y 21 millones para Othón P. Blanco. 

De acuerdo con la represente del Observatorio de Violencia Social y de Género se contrataron a grandes empresas desde la Ciudad de México, que venían a hacer programas y que tomaron como referencia otras ciudades como Tamaulipas, Nuevo León, Chiapas. 

“Organizaciones que no conocían la entidad, que sólo veían, cobraban y sí acaso venía a dar cursos o talleres, esto hizo que fracasara”, mencionó. 

Celina Izquierdo denominó el programa como un fracaso de diseño, corrupción y democracia y por ello los 50 millones de pesos no funcionaron y el delito va galopante. 

“La violencia en escuelas, no se atiende con cursos y talleres y la población que en 2013 eran violenta ahora son delincuentes”, agregó. 

Los índices delictivos en los tres municipios que conformaban el programa no funcionaron y los delitos siguen a la alza, y es necesario que se retome la prevención de la violencia, sobre todo la comunitaria y familiar. 

Ejes del programa

Los ejes que proponía el programa estaban enfocados en Prevención de violencia en el entorno escolar; de adicciones, familiar; de género y en el noviazgo; detección e intervención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales; además de campañas masivas de prevención y comunicación, los cuales son necesarios retomarlos. 

Actualmente la prioridad es Playa del Carmen, la cual tiene un gran índice del consumo de drogas, y en Chetumal existen grandes niveles de alcoholismo y en Benito Juárez se debe atender el robo, principalmente a casa habitación y transeúnte.
  
En Benito Juárez más de la mitad de la mancha urbana tiene registros de violencia, sobre todo en zonas donde la tenencia de la tierra es irregular, la 103 y Bonfil, así como la zona hotelera.  

Los Centros de Integración Juvenil requieren de recursos para que tripliquen su capacidad de atención y el Sistema Integral para Desarrollo Integral de la Familia necesita dinero para que atienda desde la prevención hasta la violencia.  

Para Celina Izquierdo es necesario que no se confunda la violencia con la de alto impacto, de grupos delincuenciales, en los que incluso están encabezados por exfuncionarios,  que también realizaron delitos de cuello blanco. 

Es necesario invertir en cultura y deporte, no sólo en una zona sino en todas, aunque simplemente no hay recursos para atender la prevención del delito en Quintana Roo.