Freddy Marrufo está por ganar un amparo

La Auditoría Superior de Quintana Roo descarta una presunta responsabilidad directa del ex presidente municipal.

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La Aseqroo investiga las irregularidades denunciadas por la actual presidenta municipal de Cozumel. (Joel Zamora/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Freddy Marrufo Martín, actual delegado de la Sedatu, está a punto de librar el juicio político porque no se han encontrado indicios que acrediten una responsabilidad administrativa o política cuando fue presidente municipal de Cozumel.

De acuerdo con la información recabada, el informe técnico de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) descarta, prácticamente, una presunta responsabilidad directa del ex funcionario municipal, en las irregularidades denunciadas por la actual presidenta.

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Según los datos, los único que se encontró fueron indicios de hechos probablemente constitutivos de delito, por una cifra de apenas 1.8 millones de pesos, que según la opinión técnica del organismo auditor, corresponde a un procedimiento penal y no administrativo.

Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión Instructora del Congreso Local, no quiso dar detalles del tema y únicamente confirmó que ya tienen el informe en sus manos, con el cual se cerró la instrucción del caso.

Será hasta el próximo mes, cuando los integrantes de esa comisión elaboren el dictamen correspondiente, el cual no podrá ser enviado al pleno hasta que quede en firme el sobreseimiento del amparo promovido por Marrufo Martín.

“Lo que estamos haciendo es analizando para ejercer un dictamen y en eso estamos. Aún no sabemos cuándo esté listo, pero es muy probable que sea hasta el siguiente período ordinario de sesiones que inicia el 15 de febrero”, mencionó.

En su oportunidad, Freddy Marrufo Martín, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó un juicio de amparo, el cual fue sobreseído a finales del año pasado.

Sin embargo, el quejoso promovió un recurso legal, solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea la que determine lo conducente, al inconformarse en contra de algunos artículos de la Ley Federal de Amparo, específicamente la que establece la improcedencia de los amparos contra actos y decisiones discrecionales de las Legislaturas.

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