Daniel Pacheco/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La autoridad municipal de Solidaridad aseguró que a 21 días de haber iniciado la actual administración, se ha logrado erradicar el cobro de cuotas y “arreglos” entre el alto mando e internos del Centro de Retención Municipal en Playa del Carmen.

Esto fue informado por la presidenta municipal Cristina Torres Gómez, en su segunda visita a la instalaciones penitenciarias de esta ciudad, en la cual informó que esa fue la principal razón por la que se dio de baja al anterior director para que tomará el cargo Emma Luisa Robles Huízar.

“Si había muchas irregularidades reportadas. Principalmente teníamos expedientes del ex subdirector, que cobraba cuotas o que de alguna manera tenía arreglos con algunos internos y de ahí vino la determinación de pedirle su renuncia. De cesarlo como tal e iniciar un procedimiento”, apuntó la primera alcaldesa en esta geografía.

Aunque reconoció que todavía existe trabajo por hacer para alcanzar condiciones ideales en la cárcel local y que existe un problema de sobrepoblación de casi el doble de internos, de acuerdo a la capacidad de las instalaciones, Torres Gómez informó que se estará trabajando en cuestiones de trabajo social para agilizar la libertad de quienes cumplen con los requisitos.

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Dijo que de esta manera, también se estará abonando a la reducción para disminuir los recursos que el municipio eroga mensualmente en la operatividad del Centro de Retención, que de acuerdo a los últimos reportes en la pasada administración ascendían hasta los 21 millones de pesos.

La presidenta municipal confirmo que al finalizar el evento protocolario, se enviaron los primeros 14 expedientes de internos ante el comité dictaminador, que cumplen con características para acceder al beneficio de preliberación.

Actualmente se tiene el registro de 655 detenidos en la cárcel de Playa del Carmen, de entre los cuales un 30 o 40% podrían obtener su libertad de manera anticipada, por lo que se está analizando la posibilidad de que el ayuntamiento ponga en operación a un abogado de manera interna para que se pueda atender cada caso.

Otra de las maneras en que se busca abonar a los requisitos de preliberación de internos es la certificación de opciones laborales que podrían tener los presos, después de que al municipio firme un convenio con el ICAT en próximas fechas.