Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Con 19 votos a favor y dos en contra, la XV Legislatura del Congreso Local aprobó durante su tercer periodo extraordinario de sesiones reformas constitucionales para el retiro del fuero al gobernador y a los diputados locales.

La minuta con proyecto de decreto, que fue rechazada por los diputados José De la Peña Ruiz de Chávez y Santy Montemayor Castillo, fue enviada a los 11 Ayuntamientos para ratificación en su caso.

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Fue derogado el artículo 162 que establecía que el Gobernador del Estado, durante el período de su encargo, sólo podrá ser acusado por los delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común.

En cuanto a los diputados se agregó un párrafo al artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer que los Diputados son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por las faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo.

De acuerdo con el diputado Emiliano Ramos Hernández, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la actual constitución establece el fuero únicamente para el Gobernador y los Diputados Locales.

Sin embargo, en Quintana Roo también gozan del fuero los magistrados y jueces, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que otorga la facultad del Pleno para conceder autorización para la aprehensión de los Magistrados y Jueces por los delitos que cometan.

“En ese caso se estableció un artículo transitorio que señala la derogación de todas aquellas disposiciones que se opongan a la reforma constitucional, por lo que nadie, ningún funcionario público gozará del fuero, incluyendo a magistrado y jueces, una vez que sea ratificada la norma por los Ayuntamientos”, aseguró el diputado.

En el caso de la aplicación de la reforma, señaló que los actuales funcionarios públicos ya no gozarán del fuero, porque no se trata de un derecho sino de un privilegio que gozaban, lo que generaba que existieran ciudadanos “de primera” y “de segunda”.

En la misma sesión que tardó casi tres horas, los diputados locales aprobaron por mayoría, con un voto en contra expedir la Ley de las Asociaciones Público Privadas que autoriza la participación del sector privado en la ejecución y financiamiento de obra pública.

De igual manera, a través de la figura de Asociaciones Público Privadas podrían hacerse cargo de la administración de servicios públicos.

La nueva ley, también se autoriza al Estado la adquisición de predios o propiedades de particulares, de forma directa o mediante expropiación, cuando la propiedad sea considerada necesaria para la ejecución de proyectos de interés público.