Ex funcionarios libraron arresto con fianza cara

El caso corresponde a la investigación para deslindar responsabilidades por pagos excesivos.

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Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, es ex titular de la Secretaría de la Gestión Pública. (Joel Zamora/ SIPSE)
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Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos dos ex funcionarios de Roberto Borge Angulo obtuvieron suspensiones definitivas contra las órdenes de aprehensión giradas en su contra para lo cual tuvieron que dejar una garantía de 59.45 millones de pesos, cada uno.

Se trata de Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, ex titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) y Víctor Hugo Loyola Corona, quienes ocuparon cargos de primer nivel dentro del gobierno anterior.

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El primero fungió como titular de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) y el segundo como Procurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Ambos promovieron recursos legales  ante el Juzgado Sexto de Distrito en busca de la protección de la justicia federal, luego de que sus nombres aparecieran en el expediente 151/2017 iniciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por desempeño irregular de la función pública.

El caso corresponde a la investigación para deslindar responsabilidades por pagos excesivos de contratos millonarios relacionados con el transporte aéreo del ex gobernador, a través de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A.

Suspensión definitiva

El pasado 14 de julio, el Juzgado Sexto de Distrito revolvió otorgar la suspensión definitiva contra actos del Juzgado de Control con sede en Chetumal, en los expedientes 450/2017, de Gonzalo Herrera Castilla; y 448/2017, de Víctor Hugo Loyola Corona.

“La medida cautelar decretada surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo, si el quejoso dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, no exhibe una garantía a satisfacción de este Juzgado Federal, por la cantidad de $59,459,053.50 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cincuenta y tres pesos 50/100 moneda nacional)”, estableció el acuerdo.

Los dos ex funcionarios, junto con 10 personas más formaron parte del Consejo de Administración del VIP Saesa, a través de la cual se realizaron diversos contratos de renta de aeronaves que, según las investigaciones de la autoridad correspondieron a servicios no otorgados.

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