Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Gerardo Vázquez Handall, ex administrador del SQCS, deberá presentarse, esta semana, ante un juez de control de Chetumal, para enfrentar acusaciones de peculado por más de 800 millones de pesos.

Además el ex funcionario deberá depositar 44 millones 628 mil 243.15 pesos como “garantía” para evitar que sea ejecutada una orden de aprehensión liberada en su contra, según determinó el Juez Sexto de Distrito con sede en Chetumal.

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El juzgado federal otorgó al ex funcionario del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) la suspensión definitiva, dentro de la solicitud de amparo 976/2018, que significa que ningún agente ministerial adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción puede arrestarlo.

Sin embargo, el juzgado federal también dejó en claro que la suspensión se quedará sin efectos si no se cumplen las dos condiciones mencionadas. El primer plazo vence el viernes (comparecencia ante el juez), mientras que el segundo vence el 3 de enero (depósito de garantía).

“Se impone la obligación al quejoso de comparecer ante el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, dentro de los tres días siguientes contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que, previa fecha y hora que fije, se lleve a cabo la audiencia inicial”, señala la lista de acuerdos.

El pasado lunes 24 de diciembre, Vázquez Handall promovió ante el juzgado federal un recurso de revisión en contra de la resolución que lo obliga a pagar 44.6 millones de pesos.

El caso está relacionado con la llamada “Estafa Maestra” señalada a nivel nacional por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde estuvieron involucradas la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y una serie de dependencias y organismos, entre ellos el Canal Siete Más de Quintana Roo.

Según los informes tanto de la ASF y la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), entre 2015 y 2016, el SQCS recibió por convenios directos con la Sedatu más de 800 millones de pesos, para la ejecución de campañas publicitarias.

No obstante, casi todo el dinero fue transferido a una red de empresas, sin que exista evidencia sobre los supuestos trabajos realizados.