Retiran cargos de peculado contra Gina Patricia

Fue denunciada por la presunta venta irregular de predios propiedad del Gobierno del Estado.

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La ex funcionaria quedará libre de investigación o acusación. (Benjamín Pat/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El juez Primero de Distrito en Quintana Roo ordenó el retiro de los cargos de peculado en contra de Gina Patricia Ortiz Blanco, con lo cual, la ex funcionaria estatal quedará libre de toda investigación o acusación por su desempeño al frente del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Estatal (IPAE).

Al resolver el amparo 433/2018, el juez federal determinó como prescrita la responsabilidad penal de los actos que se le imputan a la ex servidora pública, al pasar más de 7 años desde que dejó el cargo.

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En ese sentido, ordenó al Juzgado de Control de Chetumal dejar insubsistente la audiencia realizada el 23 de mayo de 2018, en la cual se dictó la vinculación a proceso en contra de Ortiz Blanco, ex titular del IPAE.

Entrevistado sobre el amparo otorgado, Leopoldo Herrera Manzanilla, abogado de la defensa, detalló que como parte de los efectos de la sentencia del Juzgado Primero de Distrito, el juez de Control deberá realizar una nueva audiencia en la que determine la no vinculación a proceso.

“Con esa determinación también deberán quedar sin efectos todas las medidas cautelares dictadas en su oportunidad. Aquí la sentencia es muy clara”, señaló.

El Código Penal del Estado de Quintana Roo establece, actualmente que el delito de peculado se castigará con una pena de dos a 14 años prisión, aunque el texto que aplica es la legislación al momento de la comisión del delito, que en ese entonces establecía una pena de entre uno y 10 años de prisión.

De esa manera, la prescripción de la responsabilidad penal es de cinco años seis meses, según la fórmula establecida por el artículo 78 del mismo Código Penal.

Gina Patricia Ortiz Blanco fue denunciada penalmente, por la presunta venta irregular de 11 predios propiedad del Gobierno del Estado, por un valor superior a los 53 millones de pesos.

Los hechos, según la denuncia y la carpeta administrativa 158/2018, ocurrieron durante su gestión al frente del IPAE, el cual dejó desde abril del año 2011, es decir, hace más de siete años.

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