El gobierno de Solidaridad presentará observaciones para el deslinde de responsabilidades, por obras de mala calidad que se ejecutaron durante la pasada administración municipal, que ocasionó múltiple generación de baches en calles y avenidas en Playa del Carmen.

Se trata, de manera particular, de pavimentaciones que se realizaron con un centímetro de grosor de concreto y material asfáltico; no obstante, lo correcto debió haber sido de cinco a siete centímetros de grosor, según lo dado a conocer por funcionarios este jueves.

Julieta Martín Azueta, secretaria de Servicios Públicos Municipales, informó que han sido detectados tres mil 567 baches por pavimentaciones de mala calidad desde que iniciaron la administración, hace casi dos meses.

La funcionaria aseguró que hasta ayer llevaban reparados mil 72 baches, el 38% de la cantidad censada. La lluvia, dijo, ha sido el factor que ha restrasado la reparación de estos hoyancos.

“A partir del 21 de noviembre, por el clima y todo, hemos trabajado sin parar a una velocidad bastante fuerte (...) en total de los baches, ya se arregló el 38% de la ciudad”, dijo Martín Azueta.

Gobierno de Solidaridad irá tras obras de mala calidad [Foto: Octavio Martínez]

Al cierre de su gobierno, la exalcaldesa Roxana Lili Campos recordó que durante el trienio que presidió se invirtió un monto de más de 900 millones de pesos en obra pública, que incluyó pavimentación con un grosor de cinco centímetros.

Aunque en esta nueva actualización que ofrecieron autoridades locales desmintieron tal informe. Adelantaron que emitirán las observaciones ante las autoridades competentes sobre la nueva situación que impera.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Entrega y Recepción de Quintana Roo, norma que aplica para verificar este tipo de actos en los ayuntamientos, las autoridades entrantes tienen un plazo de 60 días hábiles para emitir observaciones ante las autoridades revisoras. Este plazo se cumplirá en los primeros días del año entrante, cuando el actual gobierno podrá iniciar acciones administrativas y penales contra exfuncionarios del pasado trienio.