Gobierno de Borge descuidó el sistema penal acusatorio

Los recursos no se aplicaron y por esta situación la inseguridad no cesa.

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El presidente de la Coparmex en Cancún ofreció una conferencia ante los medios de comunicación. (Luis Soto/SIPSE)
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Stephani Blanco/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Del 2012 al 2016, en el sexenio gobernado por Roberto Borge Angulo, las inversiones para la implementación del sistema penal acusatorio fueron menores de 300 millones de pesos, lo que ubicó a la entidad en el lugar 26 con menos recursos federales invertidos.

Esto, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se debe a que no se aplicaron los recursos y con esta falta de inversión la inseguridad no cesa, explicó Adrián López Sánchez, presidente de la Coparmex en Cancún.

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“Estamos hablando del sexenio pasado, en el que no se ejercieron las inversiones necesarias, además de que no sólo es hacer los edificios sino que es necesario dar la capacitación”, explicó.

Baja California invirtió, por ejemplo, mil 100 millones de pesos, ubicándose en el primer lugar y por debajo está Jalisco con poco más de 900 millones de pesos en el mismo período, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y el Centro de Investigación para el Desarrollo, que detalla que a nueve años de la implementación del sistema los datos son limitados.

El nivel de implementación del sistema de justicia penal es óptimo en sólo cuatro entidades: Yucatán, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila; Quintana Roo está en un nivel alto, aunque esto no es suficiente.

El nuevo presidente del Tribunal de Justicia, Antonio León Ruíz, tiene el reto de atender los rezagos que se tienen e implantar el nuevo sistema de justicia penal, explicó Hernán Cordero Galindo, presidente de la Asociación Ángel Ciudadano.

Ve necesario presionar a los magistrados en el tema de la delincuencia, ya que siempre se culpa a gobernadores, alcaldes, pero al momento de detener a los delincuentes los fiscales los dejan libres.

El reto, además de las inversiones que son para las salas orales y las certificaciones de las cárceles, es que en la instalación del sistema penal acusatorio los procesos sean trasparentes y lejos de la corrupción.

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