A año y medio de distancia desde el arranque de la actual Legislatura local, parece que ahora si va en serio la reforma para borrar del organigrama la Gran Comisión para sustituirla por una Junta de Coordinación Política, que al menos en teoría contribuiría a emparejar el terreno para las distintas bancadas que conforman el Congreso.

La organización vigente concentra todo el poder económico, administrativo y por ende político en la figura del presidente de la Gran Comisión, quien es el único facultado para abrir y cerrar la llave de los recursos de forma discrecional, por lo que por tradición este poder se utiliza para consentir a los allegados y domar a los diputados rebeldes.

Curiosamente fue el PAN –victimizado por el PRI, dueño y señor histórico de la Gran Comisión– el partido que desde la campaña propuso desinflar la anticuada figura para sustituirla por una Junta de Coordinación que genere un mayor equilibrio de poderes.

La fortuna les sonrió a los panistas en 2016 y los vientos de alternancia arrojaron la presidencia de la Gran Comisión a sus manos, lo que hizo que esa promesa de campaña fuera enviada al fondo de las prioridades; dicen que el poder no se comparte y menos con los villanos priistas.

A punto de llegar a la mitad del periodo legislativo y con los diputados blanquiazules que prometieron la erradicación de la Gran Comisión con su licencia en la mano para ir en pos de otras posiciones políticas, el tema ha renacido y se espera que en las próximas semanas la reforma para crear la Junta de Coordinación Política sea por fin aprobada.

Pero al igual que la Gran Comisión, la Junta de Coordinación tendrá un presidente con facultades muy por encima de los demás integrantes de ese órgano y con casi total control del presupuesto. 

La Junta entonces es la misma gata pero revolcada, ya que no resolverá de tajo el problema de concentrar el poder en una sola persona, que siempre ha sido el factor contaminante en el Congreso local. El único cambio trascendente es que los presidentes de la Junta podrán ejercer solo por un periodo aún no determinado –se habla de seis meses o un año– para después ceder el puesto a otro diputado.

Por ello las ambiciones andan desatadas entre los legisladores que no se van a las campañas y que ya están en plena disputa por la presidencia de la nonata Junta de Coordinación, ante la inminente salida del presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila.