Rumbo al proceso electoral del 2018 surge un inconveniente mayor, acaso grave: el descrédito de los dos árbitros quintanarroenses: el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal de la materia (Teqroo).

El análisis de la situación por la cual atraviesan estos órganos no representa un acto machista

en los círculos donde se desarrolla tal debate, sino de madurez; porque tanto la maestra Mayra San Román Carrillo Medina, del Ieqroo, como la magistrada Nora Cerón González, del Teqroo, son criticadas con rudeza por los protagonistas de nuestra partidocracia; dicho sea de paso, también con desprestigio.

En un reportaje de mi compañero Anwar Moguel, para la Revista Fusión Q, se exhibe la “hilerilla de escándalos, demandas y cuestionables actuaciones de sus titulares, en complicidad con sus cuerpos de gobierno”, lo cual resta confianza en tiempos complejos. Pero aún, sus últimas gestiones evidencian traiciones a los que antaño fueron sus jefes, abonando a la polémica.

Conviene replicar la idea del amigo periodista, sobre todo porque no solo se da cuenta de la “tradicional alianza con el poder gubernamental, a pesar de tener total autonomía”, sino porque los ciudadanos se han manifestado con violencia desde el último proceso comicial. De ahí el riesgo no pondera en su justa dimensión.

Hace unos días la periodista Carmen Aristegui revelaba cifras de una encuesta en torno al juego electoral del próximo año: más de la mitad piensa que habrá fraude. Son números entregados por “Gea” (Grupos de Economistas y Asociados), después de las experiencias del Estado de México y Coahuila, donde ganó el partido en el poder federal (el PRI).

Aristegui prendió la alerta no solo por el posible fraude venidero, sino en que la gente ya no cree en casi ninguna institución. Ni hablar de transiciones con alternancias. Por todo ello tampoco hay duda: la credibilidad del INE igual está amenazada.

Y es que el tema de las “traiciones” recobró vigencia con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Cancún a principios de mes, lo cual motivó amagues y correlaciones de fuerzas; inclusive posibles renuncias, acuerdos y negociaciones, ejes clásicos de la politiquería. De los casos más sonados fue el de la regidora cancunense Berenice Sosa, quien firmó el Pacto de Unidad de Morena, gatillando las especulaciones.

Sosa es, en este contexto, la primera en dar la espalda al partido por el que ganó (PVEM) y también a los líderes que la han posicionado. Tras ella, otras ediles adelantaron la revisión de sus permanencias.

La cuota de cordura la han puesto dos con presencia creciente y posibilidades: la presidenta de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, y la diputada local Leslie Hendricks Rubio. La primera ha declarado atinadamente que “nadie tiene paso directo porque es una evaluación a tu gestión”, en referencia a quienes levantan la mano antes de tiempo y se mueven conforme a ambiciones e intereses mezquinos.

La segunda ha dicho que la etapa de consensos no está abierta y que las actividades deben circunscribirse, en este periodo, a facultades y atribuciones, pero sobre todo a las necesidades de los habitantes que confiaron en sus capacidades para representarlos. Por lo tanto, debe responder.

Así, hoy están en la mira las mujeres, aunque más temprano que tarde serán los hombres quienes sean cuestionados. Después de todo, son ellos los que históricamente han conducido el destino del estado.

                                                       Desorbitado

El gobierno de Remberto Estrada honró al policía caído en cumplimiento del deber. Se hizo bien, pues hay policías haciendo su trabajo a pesar de la ola de violencia. Estos héroes integran la primera línea de contención contra el delito, aunque su labor es más preventiva y de atención inmediata, que de persecución.

Se ha dicho que la Policía Municipal está infiltrada por las bandas, que algunos reciben moches y otros están amenazados. Pero su muerte nos recuerda que la mayoría cumple arriesgando la vida por un mejor Cancún.