Eric Galindo/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene ocho meses de plazo para darle un orden a la bodega donde tiene bajo resguardo los bienes asegurados por el Ministerio Público del Fuero Común (MPFC) que datan del año 2000, toda vez que la nueva Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados, se empezará a aplicar a partir del 30 de abril de 2016, cuando inicien los juicios orales en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En la bodega, que se localiza en la salida a Mérida, existen aparatos electrodomésticos, electrónicos, que fueron asegurados cuando se realizaron los saqueos en tiendas comerciales durante el paso del huracán Willma por el Estado.

En ese lugar, se resguarda cualquier tipo de arma que fue utilizada en crímenes, entre muchos objetos más, pero el problema que ha arrastrado cada administración de la PGJE, es que no se le ha dado un orden específico a cada objeto que hay en dicha bodega, según funcionarios de la dependencia.

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El lugar es un desorden, por ello desde hace un par de meses la Dirección de Bienes Asegurados de la zona norte de la PGJE, ha iniciado una selección de objetos para ordenarlos y que al momento que sean solicitados, sea fácil encontrarlos.

Esta ley es aplicada en los municipios que ya cuentan con el nuevo sistema acusatorio de juicios orales; desde el 10 de junio de los corrientes ya la aplican los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; el 10 de septiembre se anexa Lázaro Cárdenas; el 10 de noviembre Cozumel y el 30 de enero del 2016, Playa del Carmen.

El funcionario que ocupe el cargo de director de Bienes Asegurados entre sus facultades tiene administrar los bienes asegurados, abandonados y decomisados, hasta que se resuelva su destino final.

Control de los bienes asegurados

Tendrá que elaborar una base de datos con el registro de los bienes para que pueda ser consultada por las autoridades del fuero federal y común.

Dicho registro deberá contener como mínimo datos que identifiquen el bien, a su propietario o poseedor y la autoridad que haya dictado la resolución o aseguramiento correspondiente.

Asimismo, deberá actualizar periódica y sistemáticamente la información correspondiente a la situación jurídica, estado de conservación, lugar de depósito, resguardo, custodia y demás información que resulte necesaria de los bienes que se encuentren a su disposición o relacionados con investigaciones a cargo de la Procuraduría, entre otras facultades.

La administración de los bienes asegurados comprenderá la recepción, registro, custodia, conservación, supervisión y en su caso, entrega de los mismos.

La ley señala que los bienes serán conservados en el estado en que hayan sido asegurados, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal.

Aseguramientos en hechos delictivos

En caso de aseguramiento de billetes o piezas metálicas, que por tener marcas, señas u otras características, relacionadas con algún ilícito, será necesario conservarlos para fines del procedimiento penal.

En cuanto a los inmuebles que sean asegurados, podrán quedar depositados con alguno de sus ocupantes, a un administrador o a quien designe el titular de la Dirección de Bienes Asegurados.

En caso de que, objeto o producto del hecho delictivo haya desaparecido o no se le localice al imputado, el Agente del Ministerio Público decretará o solicitará al Órgano Jurisdiccional correspondiente el embargo precautorio, el aseguramiento y, en su caso, el decomiso de bienes propiedad del o de los imputados.

Si la oficina de Bienes Asegurados entrega el bien u objeto en mal estado, el quejoso podrá interponer por escrito un recurso de inconformidad, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los bienes, directamente ante el Procurador General de Justicia del Estado.